El Gobierno estima recaudar 32 millones con la apertura de fronteras sanitarias

Cualquier sueco, alemán o español puede ya ser atendido por los servicios sanitarios de otro país que no sea el suyo. Y no la urgencia de un turista francés que se rompe un tobillo en una playa griega, que será curado a coste cero por los médicos helenos, como hasta ahora. Se trata de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto para transponer una directiva europea. El objetivo de esta medida, que entró en vigor el 25 de octubre de 2012 y rompe con las fronteras sanitarias siguiendo el espíritu de libertad de movimientos que impulsó la Unión Europea desde su creación, es triple: asegurar el acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza segura y de alta calidad, garantizar la movilidad de los pacientes y favorecer la cooperación sanitaria entre España y el resto de la UE, sobre todo con los países fronterizos.

El «espíritu de esta norma», como reconoce Agustín Rivero, director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, es que los ciudadanos con patologías complejas o con enfermedades raras reciban la mejor atención donde ellos elijan. En los casos en que el tratamiento requiera una hospitalización de una noche o los cuidados necesiten tecnología o equipos muy especializados y de elevado coste, se necesitará una autorización previa por parte de la comunidad autónoma, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o la mutualidad de funcionarios, dependiendo del paciente. Estas instituciones tendrán tres meses para contestar y rechazar o aprobar la solicitud. Luego hay otros casos más particulares. «Si una señora se tiene que operar y toda su familia vive en Bruselas, pues se le autorizará la operación allí», indicaron desde el Ministerio de Sanidad.

Además, el español que acuda a curarse en Lisboa, por ejemplo, deberá abonar la factura sanitaria en el hospital portugués en cuestión. Después, acudirá a su comunidad para que se lo paguen, siempre bajo los parámetros establecidos en España: la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la complementaria que se paga cada autonomía. Es decir, que si en el centro lisboeta la operación es más cara que en un hospital de Badajoz, la diferencia será abonada por el paciente. Nunca se abonará el transporte o el alojamiento, salvo casos muy concretos -menores y personas con discapacidad-.

Rivero comentó que el real decreto aprobado por el Ejecutivo no entra a valorar cuándo se ha de pagar porque es invadir la gestión transferida. En cuanto a los enfermos que decidan tratarse fuera sin la autorización previa, se pueden encontrar con que a la vuelta el médico no le dé validez a la operación y la administración no le reembolse el dinero. Por otra parte, las listas de espera no se van a ver alteradas.Si un sueco optar por acudir a un centro público, deberá mantener el orden establecido. Por este motivo, y teniendo en cuenta que los sistemas sanitarios pagarán la operación, lo más lógico es que las personas que decidan irse fuera de sus fronteras acudan a clínicas privadas. Y en este apartado, el Gobierno tiene «altas expectativas» de que España, y sobre todo las costas, sean receptoras de miles de personas, sobre todo del norte de Europa, que combinen una operación -por ejemplo, de cadera- con el reposo al sol. Los primeros cálculos gubernamentales hablan de unos 32 millones de ingresos. Quedan excluidos los cuidados de larga duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos.

La aplicación de la Directiva 2011/24/UE también viene acompañada con una serie de derechos para los pacientes, que se recogen en el real decreto. Los ciudadanos podrán disponer de copia de los informes clínicos, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos, tendrán asegurada la continuidad del tratamiento tras haber sido asistidos en otro país y garantizada la protección de sus datos personales.