El Gobierno reta a la Generalitat a plantear una reforma constitucional

La última propuesta ideada por la Generalitat para revestir de una cierta constitucionalidad el referéndum de autodeterminación que se ha comprometido a convocar el próximo 9 de noviembre no ha cambiado absolutamente nada. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que, independientemente de cómo se adorne o de que su resultado sea o no vinculante, una consulta sobre la independencia de una comunidad vulnera la Carta Magna. Sólo ofreció una salida que, en realidad, quedaría rápidamente en vía muerta, una propuesta de reforma constitucional que debería venir del Parlamento de Cataluña.

Saénz de Santamaría respondió así al planteamiento que el jueves puso sobre la mesa el consejero de Presidencia del Ejecutivo catalán, Francesc Homs. Además de argumentar que el resultado de su hipotético referéndum no generaría efectos jurídicos inmediatos, Homs alegó que el proceso que se pretende poner en marcha desde la Generalitat podría perfectamente acabar con un referéndum posterior en toda España si de la negociación que, a su juicio, abrirían acto seguido el Gobierno central y el de Cataluña, se deriva una reforma constitucional. Es decir, que el conjunto de los españoles sí tendría algo que decir.

El caso es que ese esquema tiene, según insiste el Ejecutivo, un pecado original porque parte de un acto irrealizable. La Constitución sólo contempla un referéndum de ámbito autonómico sobre el estatus jurídico de una comunidad en el marco de una reforma estatutaria. Y esta reforma, a su vez, ha de ser compatible con la Constitución que, además de fundamentarse en la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» señala como sujeto de soberanía al conjunto del pueblo español.

La vicepresidenta insistió así en que lo planteado por el consejero y portavoz del Gobierno catalán altera el orden de los factores. O sea, que para poder celebrar una consulta sobre la independencia habría que cambiar primero la ley fundamental del Estado, y no al revés. «El señor Homs tiene una respuesta muy clara en la Constitución, que le dice -replicó Sáenz de Santamaría- todo el procedimiento que tiene que seguir para hacer estas cosas como quiere la democracia».

Las comunidades autónomas pueden tomar la iniciativa en un proceso de reforma constitucional, como pueden hacerlo el Gobierno central, el Congreso o el Senado, pero la propuesta ha de partir de su asamblea legislativa. Esta tiene dos opciones, solicItar al Gobierno la elaboración de una proposición de revisión, que en este caso sería respondida con un no rotundo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, o trasladar un texto propio al Congreso, texto que sería defendido ante el pleno por tres representes de la cámara autonómica.

El PP se niega

La vicepresidenta retó de alguna manera al Gobierno catalán a probar suerte por esa vía. Y, sin embargo, hasta la fecha el PP ha rechazado en varias ocasiones abrir el melón constitucional con el argumento de que no existe consenso suficiente como para llevarlo a buen puerto. El PSOE, en cambio, lleva meses insistiendo en que ese es el único camino posible para resolver las tensiones territoriales.

En un discurso idéntico al del líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, la presidenta de la Junta de Andalucía adujo que es momento de perder el miedo al diálogo para cambiar la Carta Magna. «Si fuimos capaces en 1978, en un momento muy complicado, de superar la situación y abrirnos paso hacia la democracia, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora?», sugirió.

Díaz reclamó a Rajoy en declaraciones a Radiocable que tome las «riendas» de este asunto y abra un diálogo en el Parlamento con todas las fuerzas políticas. Los socialistas, de hecho, ya han registrado en la cámara baja una solicitud para la creación de un grupo de trabajo que debata sobre el modelo territorial.

Desde otro ángulo, UPyD también demanda al Gobierno que se mueva. Pero en otra dirección. Rosa Díez tiene intención de interpelar en el próximo pleno al jefe del Ejecutivo sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar «la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en el desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas».

De momento, el Ejecutivo se mantiene incólume. Sáenz de Santamaría se reunió esta semana con Josep Antoni Duran i Lleida, pero aún no ha habido en este año un encuentro entre Mas y Rajoy. Y fuentes del Ejecutivo aseguran que tampoco está prevista.