El fiscal pedirá una fianza de 600.000 euros a la infanta por su responsabilidad en Aizoon

La Fiscalía, pase lo que pase en la declaración de mañana, no pedirá que la infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados en un juicio, pero a pesar de no ver reproche penal en la gestión de la hija del Rey en Aizoon, no está dispuesta a hacer la vista gorda con el supuesto enriquecimiento ilícito de la hija del Rey a cuenta de las presuntas malversaciones que llevó a cabo el otro socio, su marido, a través de la inmobiliaria de la pareja.

Anticorrupción, según revelaron ayer fuentes del proceso, reclamará a Cristina de Borbón más de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Esa cantidad, que todavía está por determinar con exactitud, sería aproximadamente la mitad del dinero público que Iñaki Urdangarin desvió a Aizoon desde el Instituto Nóos entre 2003 y 2007. Dinero que en su práctica totalidad provenía de las administraciones balear y valenciana por la organización de los Valencia Summits, Balears Forum y los fallidos Juegos Europeos en la capital valenciana.

La petición de los 600.000 euros, explicaron estas mismas fuentes, estará recogida en el escrito de conclusiones del fiscal Pedro Horrach, quien tiene previsto reclamar el fin de la instrucción de esta causa tras escuchar a la duquesa de Palma, cuyo interrogatorio podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen. En ese mismo escrito, Anticorrupción pedirá el archivo de las actuaciones penales contra la infanta Cristina, pero no las civiles.

Pruebas

La tesis de Horrach para reclamar este dinero es que la hija del Rey, aun en el caso de que ella no fuera procesada o condenada por delito alguno pues nunca, según su planteamiento, controló ni administró Aizoon, sí que sería beneficiaría a «título lucrativo» de los fondos malversados. De hecho, el sumario del 'caso Nóos' está plagado de facturas y documentos que prueban que la infanta, que hasta tenía una tarjeta Visa Oro a nombre de la inmobiliaria ficticia, pagó con dinero de Aizoon todo tipo de gastos privados, desde fiestas familiares hasta viajes, estancias en hoteles, comidas, regalos o cursos de baile.

Horrach, que a diferencia del juez José Castro no ve delito fiscal en la actuación de la infanta, comparte con el instructor de la causa el criterio de que a la duquesa de Palma se le podría aplicar el artículo 122 del Código Penal, que dice «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».

Responsables de la Fiscalía explicaron que el Tribunal Supremo ya ha fijado en varias sentencias una doctrina muy amplia sobre la «restitución del daño por participación lucrativa» en la que encajaría «perfectamente» el caso de la infanta Cristina, aunque ignorara que el dinero procediera de un hecho delictivo y aunque no se le pueda considerar cómplice del delito.

Problema

La reclamación de una fianza civil plantea un importante problema procesal a la hija menor del Rey. Si no deposita esa caución en cuanto se la solicite el juez -todas las fuentes dan por hecho que Castro acordará la medida solicitada por el fiscal- tendría que estar presente en persona o a través de un abogado en el juicio que se abra contra Urdangarin y Diego Torres. Si abona ese dinero quedaría desvinculada a la causa y podría recuperarlo si su marido es absuelto del delito de malversación de fondos a través de Aizoon.

Una posibilidad, la de la absolución, que se antoja muy remota. Tanto la Fiscalía como el juez creen tener pruebas más que suficientes de la malversación y de que el dinero que llegó a Aizoon desde Noos era ilícito, ya que no consta que la sociedad de los duques de Palma realizara ningún trabajo real para la fundación. Los datos obrantes en la causa apuntan a que Aizoon, junto a otras empresas del entramado Nóos, facturó trabajos ficticios de asesoría a la fundación. Anticorrupción entiende que esta estratagema solo tenía como objetivo encubrir el desvío sistemático de fondos públicos a sus bolsillos.

Los 600.000 euros de fianza civil a Cristina de Borbón se unirán a la caución de seis millones de euros fijada por la Audiencia Provincial de Palma para Urdangarin y Torres, después de reducir la fianza inicial de 8,2 millones que estableció el juez Castro y que debían pagar de forma solidaria los dos exsocios por la malversación.