Cataluña llevará la ley Wert al Tribunal Constitucional por vulnerar el Estatut

La Generalitat catalana entiende que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) vulnera nueve ámbitos de la Constitución y del Estatut catalán, por lo que llevará la polémica ley Wert al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo catalán, ya había anunciado su intención de recurrir la ley pero ha esperado a conocer los argumentos jurídicos recogidos en el dictamen del Consejo de garantías estatutarias que afirma que, con la polémica norma del Ministerio de Educación, el Estado asume «funciones ejecutivas» en un ámbito en el que las carece. Es decir, denuncia una invasión competencial.

Además, el organismo dependiente de la Generalitat considera que de la Constitución no se desprende «ningún mandato específico» sobre el uso de las lenguas oficiales como vehiculares en la educación y no establece que los padres tengan derecho a escolarizar a sus hijos en su lengua de preferencia, sino que es la administración autonómica quien fija la proporción de uso de cada lengua.

La Generalitat, que rechaza la Lomce igual que los gobiernos de Asturias, Andalucía, País Vasco y Canarias, entiende anticonstitucional también que el Estado pueda escolarizar a los niños que lo deseen en centros privados en castellano y que luego pase la factura a la Generalitat al descontarles los costes de las transferencias autonómicas. Asimismo, el Ejecutivo catalán alegará que el Tribunal Constitucional avaló el modelo de inmersión lingüística «con la única excepción que no comportara una exclusión del castellano como lengua docente, pero sin establecer criterios sobre el mínimo necesario para asegurar la no exclusión».

Este argumento de la Generalitat, en cualquier caso, podría chocar con los cinco autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitidos hace una semana, que obligan a cinco escuelas a impartir un 25% de clases en castellano si un alumno así lo solicita. La Generalitat, que recurrirá este viernes estas cinco resoluciones, afirmó no obstante que no tiene intención de mover «ni una coma» del modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

«Algunos quieren desmontar por la puerta trasera lo que se ha construido con gran consenso en el país durante años y con el aval del Tribunal Constitucional», afirmó el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. La Generalitat entiende que no cambiando el modelo no estará desacatando la legalidad porque la ley catalana de educación está «en vigor» y se seguirá aplicando.

Los argumentos que utilizará la Consejería catalana de Educación para recurrir los autos del TSJC serán que Cataluña aún no ha alcanzado la normalización lingüística y por lo tanto el modelo de inmersión sigue siendo necesario, que el TSJC invade competencias, que los alumnos catalanes aprenden por igual castellano y catalán y que los que lo solicitan ya reciben atención individualizada en español.

Los autos del TSJC han causado una gran preocupación la Generalitat, que tiene un mes para que los directores de los centros implementen las medidas necesarias para que aumenten las horas lectivas de castellano. En caso de incumplir los requerimientos, los directores se arriesgan a sanciones económicas e incluso a un proceso penal por delito de desobediencia.