El traslado del juez del accidente del Alvia amenaza con retrasar la investigación

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Luis Aláez, de pedir un traslado puede derivar en un considerable retraso en la investigación judicial sobre el accidente del Alvia que el pasado 24 de julio costó la vida a 79 personas y dejó heridas a más de 140.

Aláez, quien ha alegado motivos personales para justificar su decisión, se ha postulado para ocupar el juzgado número uno de lo Penal de la misma ciudad, una plaza para la que deberá afrontar un concurso en el caso de que, como es probable, se presenten otros candidatos. En el supuesto de que ganase la vacante la pelota iría a parar al tejado del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debería decidir entonces si autoriza el traslado inmediato de Aláez o si bien le ordena que siga en su actual puesto hasta un máximo de seis meses con el fin de que avance en la investigación sobre el descarrilamiento.

En caso de que se dé luz verde a Aláez para abandonar su juzgado, se nombraría a un juez sustituto para ocupar su vacío. Esto supondría de por sí un importante retraso en la investigación de las causas que desencadenaron la tragedia y la depuración de supuestas responsabilidades. La fase de instrucción ya suma más de 30 tomos y 12.000 folios que el nuevo magistrado debería revisar a fondo antes de continuar con el proceso judicial y adoptar las nuevas diligencias que él considerara oportunas.

Aláez recogió el caso al encontrarse de guardia en los juzgados de Santiago la noche del 24 de julio. Desde el principio se mostró muy cauto en sus movimientos, aunque no por ello le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones difíciles. En primer lugar eludió dar paso alguno hasta que todas las víctimas fueron identificadas, pese que a desde un primer momento cobró fuerza la posibilidad de que un exceso de velocidad motivado por un despiste del maquinista, único imputado en la actualidad, hubiese sido el desencadenante del descarrilamiento. Una vez que decidió encausar al conductor del convoy se decantó por dejarlo en libertad, pese a acusarlo de 79 homicidios imprudentes.

Pero el juez instructor siempre ha mirado en su investigación más allá del posible error del maquinista. Por eso a lo largo de los últimos meses ha escudriñado con lupa el trazado de la curva de Angrois, los límites de velocidad en el tramo o las reglas de conducta del personal de servicio, entre otros muchos aspectos. En su punta de mira puso a los directivos de Adif y Renfe ante la posibilidad de que sobre ellos recaiga algún tipo de responsabilidad por negligencia.

En el caso de la primera empresa pública llegó a imputar a los miembros de sus consejos de administración desde que se abrió el trazado en diciembre de 2011, junto a varios responsables de la seguridad del tráfico ferroviario. Esta decisión, sin embargo, fue anulada posteriormente por la Audiencia de La Coruña. Además, en varios de sus autos no dudó en apremiar a Adif y Renfe para que le remitiesen información solicitada para avanzar en la investigación, ante la desidia de ambas empresas y pese al compromiso del Ministerio de Fomento de colaborar al máximo con la Justicia.

Comisión de investigación

En paralelo al proceso judicial, el descarrilamiento del Alvia a Santiago regresó ayer a la agenda política. El grupo parlamentario de la Izquierda Plural presentó en el Congreso una moción para abrir una comisión de investigación que sirva para aclarar las causas del accidente, una iniciativa que ya el pasado octubre fue rechazada al no recabar los apoyos de PP, PSOE, CiU y PNV. El diputado de la Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, advirtió tras formalizar la petición que aquellos que se niegan a abrir una investigación parlamentaria de este tipo lo hacen por «miedo a que se descubra la verdad, a que se llegue hasta el final y a que se exijan responsabilidades».

Precisamente, la creación de una comisión se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los colectivos de víctimas, quienes alegan que «todavía hay mucho por investigar» y que los aspectos dados a conocer hasta el momento sobre los motivos de la tragedia suponen solo «la punta del iceberg».