El PP cambiará la jurisdicción internacional porque es fuente de roces diplomáticos

El PP ha puesto en marcha una acelerada reforma legal para reducir al mínimo la capacidad de la Justicia española para perseguir delitos ocurridos en el extranjero. Las prisas obedecen al deseo del Ministerio de Asuntos Exteriores de evitar conflictos diplomáticos como el desencadenado con China por la investigación del genocidio en el Tíbet por la Audiencia Nacional o el vivido con Estados Unidos por las indagaciones sobre el asesinato en Irak del cámara José Couso.

Alfonso Alonso, el portavoz popular, indicó que se trata de adaptar la jurisdicción española al derecho internacional, pero también admitió que es una reforma «muy querida» por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Si se aprueba el proyecto popular, los tribunales españoles ya solo podrán investigar crímenes, torturas u otros ataques en el mundo si el presunto autor es español o reside en España. En la actualidad bastaba con que la víctima fuese española o tuviese una conexión relevante con el país. España dejará de ser el referente mundial de la aplicación de la jurisdicción universal.

La proposición de ley también prevé en una disposición adicional que, con su entrada en vigor, se archiven la decena de causas de este tipo abiertas en la Audiencia Nacional, entre las que están las dos anteriores y otras como los vuelos secretos de la CIA o las torturas en Guantánamo, y que solo se podrán reabrir si cumplen las nuevas y duras limitaciones.

Todos los grupos de la oposición, que salvo CiU rechazan la reforma, denunciaron que el PP quiere realizar un cambio acelerado y de tapadillo con el que evitar posibles informes críticos del Poder Judicial, del Consejo de Estado o de la Fiscalía. Indican que este es el motivo de que no se trate de un proyecto de ley del Gobierno sino de una proposición de ley del PP, algo muy inusual. Las leyes del Ejecutivo están obligadas a requerir estos informes.