El sector de las renovables se revuelve contra el tijeretazo del Gobierno

El sector de las energías renovables ya dispone de los datos que le permite cuantificar, aunque sea a bote pronto, el tijeretazo del Gobierno a las primas que recibe por la generación de electricidad. La asociación de productores (APPA) calcula que, «a falta de un análisis más detallado», el ajuste incluido en la propuesta de orden ministerial remitida el pasado lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «podría superar los 2.000 millones», cuando en la orden de peajes se cifraba en 1.750. APPA considera «incomprensible» el «ensañamiento» del Gobierno con un sector «que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico, y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España».

Las asociaciones que representan los intereses de las distintas tecnologías renovables (eólica, fotovoltaica, etc.) digieren poco a poco la ingente cantidad de documentación que recoge los nuevos parámetros retributivos del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos). Industria ha fijado más de 1.400 estándares de retribución a los que se acogerán las instalaciones en función de sus características. Las variables tenidas en cuenta son, entre otras, la potencia, el posible combustible que utilizan para su funcionamiento, la tecnología, las modificaciones sufridas, o el año de autorización de explotación. Y todo ello con la premisa de garantizar una «rentabilidad razonable», que establece en el 7,39% para las instalaciones ya en funcionamiento, y del 7,5% para las que empiecen a generar en el futuro.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) valoró el lunes el impacto del tijeretazo. Según sus cálculos, los parques eólicos cargarán con «el 67% del recorte al régimen especial». Ayer habló UNEF, la asociación que reúne a más de 300 empresas y entidades del sector fotovoltaico. Sus primeras estimaciones sitúan «entre 550 y 600 millones» el recorte a la retribución del sector, «un 25% menos» de lo que recibe ahora. El «recorte retroactivo» de las primas , asegura la asociación en un comunicado, «llevará a la mayoría de las empresas del sector fotovoltaico al concurso de acreedores, ya que no podrán hacer frente al servicio de deuda adquirida conlos bancos, a los que el sector adeuda 22.000 millones». UNEF sostiene que los costes estándares establecidos por el Gobierno «tienen un impacto no homogéneo entre los diferentes proyectos y tecnologías», de forma que los recortes varían» entre el 10% y el 54%, con un sistema que castiga más a las grandes plantas».

Reunión de urgencia

El análisis de UNEF va más allá del impacto directo sobre su actividad. La asociación considera que la reforma del Gobierno «concentra todo su esfuerzo de reducción de costes del sistema eléctrico en dos actores del mismo, las renovables y el consumidor final, que ve aumentada la factura eléctrica». Y recuerda que, de los 50.000 millones que, según Industria, han costado las primas al régimen especial entre 1998 a 2013, «sólo 32.225 corresponden a las renovables. El resto fueron para las tecnologías de cogeneración y a partir de residuos.

Por su parte, Anpier, que representa a pequeños productores de energía fotovoltaica, convocó de urgencia a sus socios para «analizar las consecuencias del impacto de este último recorte», que cuantifica en hasta el 40% de los ingresos, « y decidir las acciones a emprender».