El Gobierno panameño ve «lo más lógico» que Sacyr termine las obras del Canal

Mientras el consorcio encabezado por la constructora Sacyr apuraba las últimas horas de negociación con las autoridades panameñas, el embajador de ese país en España, Roberto Eduardo Arango, veía ayer como «lo más fácil y más lógico» que fuera precisamente el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) el que terminara las obras de la ampliación que inició en 2007.

No obstante, advirtió que Panamá maneja un plan B por «responsabilidad», que básicamente consistiría en encargar las obras a otra multinacional -previsiblemente de EE UU- y presentar una reclamación por daños y perjuicios contra el consorcio actual.

«Panamá tiene que terminar las obras de Canal», insistió el diplomático que, eso sí, entiende que se trata de «un tema privado» donde «cada parte defiende sus intereses». Y estos, según los últimos términos de las conversaciones aún en marcha, deberían confluir en allegar casi 500 millones de dólares (unos 370 millones de euros) de financiación en nuevas líneas de crédito.

A la Autoridad del Canal (ACP) le tocará, por su parte, posponer la reclamación que hace a las empresas para que retornen los 780 millones de dólares (unos 575 millones de euros) que les ha adelantado por sobrecostes. Y la aseguradora Zurich, que actúa de mediadora, se reserva reconvertir en una línea de crédito la póliza de 400 millones de dólares (295 millones de euros) que suscribió el consorcio para asegurar el cumplimiento del contrato.

Si las piezas terminan encajando, el presupuesto de la obra quedaría en 3.300 millones de dólares (unos 2.435 millones de euros). Y la validez de los 1.625 millones de dólares (1.200 millones de euros) en sobrecostes quedaría pendiente del arbitraje.