Alaya extiende la causa de los ERE a CC OO y UGT en el País Vasco

La juez Mercedes Alaya dictó ayer un auto por el que extiende la investigación sobre los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía a las cuentas bancarias de cinco federaciones sectoriales de UGT y CC OO en esta comunidad y de las organizaciones territoriales de ambas centrales en el País Vasco. Pide a todas estas federaciones que le comuniquen de forma urgente el número de las cuentas con las que gestionan sus cobras, pagos y demás operaciones contables y, de forma especial, las «cuentas de enlace» con sus respectivas federaciones a nivel regional y estatal. El objetivo de esta diligencia es realizar una doble comprobación. Primero, conocer la cantidad exacta que ambos sindicatos recibieron, bien directamente bien a través de sus firmas vinculadas, de las empresas mediadoras en estos supuestos ERE fraudulentos, como posible comisión por sus gestiones y asesoramiento.

Segundo, comprobar si este dinero revirtió en las federaciones supuestamente participantes en la reconversión de las empresas en crisis o si se desvió a otras organizaciones o personas.

El desencadenante del auto es un informe de la Guardia Civil que establece que en diez ERE sospechosos -que le costaron a la Junta 120,4 millones en ayudas- las mediadoras cobraron por su labor 18 millones, lo que podría suponer unas comisiones por encima de la media del mercado por valor de 12,2 millones.

Las cuentas de las mediadoras indican, según la Guardia Civil, que de estas comisiones los sindicatos habrían recibido hasta siete millones de euros por su papel. Pero también constatan que esos ingresos no coinciden con los declarados a Hacienda por UGT y CC OO.