Madrid frena los deseos privatizadores

Hace una semana, todo se precipitó. La Comunidad de Madrid decidía meter en el cajón la privatización de seis de sus hospitales ante la decisión de la Justicia de prolongar las medidas cautelares en contra. Además, la presión de la calle, la famosa 'marea blanca', socavó poco a poco la voluntad del Gobierno dirigido por Ignacio González de que era la mejor idea. «No es que estemos hablando de construir un hospital de gestión privada con fondos públicos. Es que hablamos de privatizar algo público. Esa es la diferencia», comentan fuentes sindicales que han estado desde el primer día «en las calles».

Por el momento, esta marcha atrás ya se ha cobrado a su primera víctima. Javier Fernández-Lasquetty dimitía como consejero de Sanidad ante la imposibilidad de proseguir con su planteamiento. «Es imposible intentar sacar adelante un plan de estas características sin contar con los profesionales sanitarios. De cada euro que se invierte en sanidad, la mitad está destinada a los sueldos», destaca Carlos Amigo, del sindicato CSIF.

Una «victoria incuestionable» que las organizaciones sociales y los sindicatos consideran que tendrá sus repercusiones en otras comunidades autónomas que quieran tantear la posibilidad de iniciar algún proceso privatizador. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Considera que «esta victoria» debe ser tomada en cuenta por el resto de las autoridades y por el Ministerio de Sanidad para que abandone «las políticas de deterioro y privatización de nuestro sistema sanitario» que tanto «daño» están haciendo para las relaciones de los trabajadores en los propios centros de salud.

Tanto los responsables de CSIF como UGT consideran que la decisión de los tribunales va a provocar «un antes y un después» en las políticas de recortes sanitarios emprendidos por los diferentes gobiernos regionales. «Los tribunales han dado unos argumentos bastante contundentes a favor del modelo público que llevamos defendiendo desde 1998», asegura Pilar Navarro, Secretaría de Salud y Servicios Sociosanitarios de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT). Hace ahora 16 años fue cuando comenzó a gestarse el primer hospital público de gestión privada, el hospital universitario de La Ribera en Alzira (Valencia). Un modelo que ha sido muy criticado por los sindicatos. «Se construyó primero éste. Después el de Torrevieja y Denia. Y ahora la Comunidad Valenciana quieren construir otro en Castellón», explica Navarro, quien asegura que la pura privatización solo produce desigualdades «en el acceso de la ciudadanía a la sanidad».

Además, es un modelo que ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En uno de sus últimos informes sobre la política de nuevos hospitales de la Comunidad Valenciana no entra a valorar si es bueno o malo la conversión de centros sanitarios de públicos a privados, sino la forma de hacerlo. El CNC entiende que se puede violar el libre mercado y que recursos públicos pueden ser usados con fines privados.

Difícil frontera

«La sanidad da mucho dinero», añade Navarro cuando se le cuestiona sobre los motivos de este tipo de políticas. «Las comunidades autónomas han visto el filón de poder financiar con el dinero de la sanidad otras cosas, ya sea por los fondos que llegan de las concesiones privadas o por el céntimo sanitario», comenta la representante de UGT. Porque la frontera de intereses es «difusa», indica a su vez Amigo, que también señala algún error en lo público. «Puedo saber qué cuesta una radiografía en mi hospital, pero no en otro de mi propia ciudad. Es complicado hacer un baremo así», apunta.

No obstante, ambos representantes de los trabajadores dicen que habrá más intentos privatizadores. En La Rioja, pasó algo similar con los hospitales de Calahorra y San Millán, donde se intentó centralizar las pruebas diagnósticas en una empresa privada. El plan fracasó.

* Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social