Los obispos ven un «avance positivo» en la reforma de la ley del aborto

Los obispos admiten que la reforma del aborto que prepara el Gobierno supone un «avance positivo», aunque sigue siendo una «ley injusta». El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, aseguró ayer que a pesar de las restricciones que establece la iniciativa diseñada por el ministro Ruiz-Gallardón, «nadie tiene derecho, en ninguna circunstancia, a quitarle la vida a ser un humano». Para la jerarquía eclesiástica, autorizar la interrupción del embarazo en caso de malformación fetal es una forma de eugenesia, «de selección de la especie». El aborto sigue comportando la pena de excomunión, una medida con la que la Iglesia quiere «resaltar la especial gravedad de un pecado o un comportamiento en una determinada época». Por eso condenó en su momento la usura, que el Papa tildó el miércoles de «dramática plaga social».

Quien procure el aborto o incurra en él de manera consciente está expuesto a la pena de excomunión 'latae sententiae', es decir, queda automáticamente expulsado de la Iglesia sin necesidad de que intervenga una autoridad eclesiástica.

Con el pronunciamiento de los prelados, el Gobierno consigue un apoyo a la polémica reforma patrocinada por el Ministerio de Justicia. No obstante, la postura de la Iglesia no contempla excepciones y su execración del aborto es total. «La eliminación de un ser inocente nunca es la solución a un problema porque, en ese caso, acabaríamos en el mundo con el hambre, eliminando a las personas, y así se tocaría a más».

La jerarquía eclesiástica abomina de los horrores de la «cultura del descarte» y apuesta por leyes que acompañen a los «más débiles y necesitados». Los prelados se remiten a las palabras de Jorge Mario Bergoglio para realizar un ejercicio de moderada autocrítica. «Hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza».

Gil Tamayo compareció ante la prensa para dar cuenta de las deliberaciones de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que preparó el procedimiento para elegir al nuevo presidente de la jerarquía católica y renovar los cargos de las comisiones episcopales. Entre el 11 y el 14 de marzo los obispos designarán en una asamblea plenaria al sucesor de Antonio María Rouco, que deja el cargo por motivos de edad (tiene 77 años) y no poder optar a un cuarto mandato. Antes de este encuentro crucial, los obispos efectuarán en dos tandas una visita 'ad limina' al Vaticano, donde serán recibidos el 3 de marzo por Francisco. Este viaje será clave para pergeñar la estrategia de futuro de la Iglesia española. Ya suenan varios nombres para suceder a Rouco, entre ellos el arzobispo castrense, Juan del Río; el de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el de Valencia, Carlos Osorio, si bien este tipo quinielas suelen fallar. En cualquier caso, la Santa Sede influirá para que el sucesor de Rouco sea un hombre afín al magisterio de Bergoglio.

Tamayó evitó censurar al flamante cardenal Fernando Sebastián, quien dijo que la homosexualidad era una «deficiencia que se puede normalizar con tratamiento». Destacó los merecimientos y la «cabeza privilegiada» de Sebastián, autor en la sombra de muchos documentos episcopales. Y para no afear las declaraciones del nuevo purpurado citó al Pontífice, quien abogó por «tener en cuenta» al homosexual y acompañarle con «misericordia».

También sorteó referirse a las declaraciones del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, quien reclamó recientemente al Ejecutivo de Rajoy que flexibilizara su política penitenciaria con los presos de ETA.