La juez dice que la «pirámide» de la Junta alentó los ERE

La juez del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía insistió en un nuevo auto en la tesis de que la cúpula del Ejecutivo autonómico entre 2001 y 2010 auspició y promovió la implantación de un sistema ilegal de concesión de ayudas que se mantuvo en el tiempo, al menos una década, y provocó cuantiosas modificaciones presupuestarias ante el desvío de fondos públicos.

En el nuevo auto, la juez Mercedes Alaya ahonda en la existencia de una «estructura piramidal», y por tanto organizada, formada por altos cargos y técnicos de la Junta a los que, sin poner nombre, señala otra vez como responsables de lo ocurrido al amparar el uso del sistema de transferencia de financiación para fines distintos de los previstos por la ley.

Y explica que tanto estos actores como los intermediarios que facilitaban la tramitación y concesión de las subvenciones se repiten de forma continua en los distintos expedientes de ayudas a empresas o subvenciones sociolaborales que se investigan, de ahí que podrían derivarse responsabilidades criminales para las mismas personas. Todo ello, dice la juez, obliga a que la causa tenga que ser instruida como una unidad y sea «inescindible».

La juez utiliza este argumento para rechazar la petición de una imputada, una de las intrusas de un ERE, para separar la denominada «trama política» de la referida a la inclusión de personas ajenas en los expedientes de prejubilación. Una separación reclamada también por la Fiscalía porque permitiría agilizar la investigación y darle un acelerón a un proceso que acumula más de 150 imputados, algunos de los cuales han sido citados a declarar a los tres años del inicio de las diligencias.

Lejos de conceder esa petición, Alaya insiste en que todas las piezas están vinculadas y reprocha a la imputada que no solo no se mantuvo al margen de esa trama política sino que «se aprovechó de ella».