Wert aplaza la implantación de su reforma por presión de las autonomías

La oposición de las comunidades autónomas obligó ayer al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a retrasar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así, aplazará el desarrollo del currículo de Secundaria (ESO) y Bachillerato para el próximo año, pero seguirá adelante con los de Educación Primaria y FP Básica, ciclos que se deben implantar el próximo curso. El consejero andaluz, Luciano Alonso, que asistió a la conferencia sectorial en Madrid, regresaba «triste» y con la impresión de que la presión de las comunidades había obligado al ministro.

Por la mañana, Andalucía y otras cuatro comunidades no gobernadas por el PP plantearon un frente común para frenar la LOMCE. Alonso y los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) ofrecieron una rueda de Prensa en la que aseguraron que es «imposible» que la reforma educativa esté implantada el próximo curso. Asimismo, Luciano Alonso añadió el dato de que Andalucía necesitará 150 millones de euros al año para la implantación inicial de la ley «si milagrosamente se puede poner en marcha». Tras la conferencia, Alonso mantenía esta cifra como coste inicial de la puesta en marcha de la LOMCE, pues afectaría justamente a los tramos de Educación Primaria y FP Básica, así como el programa de gratuidad de libros de texto. El consejero destacó que a pesar de que la ley «supone disparar el gasto educativo por las nubes, el Ministerio no ha elaborado una memoria económica».

Andalucía aplicará la LOMCE, como está obligada, pero mantendrá su desarrollo propio de la ley con medidas como garantizar la permanencia del profesorado dos cursos seguidos, frente a la rotura de los ciclos educativos; «exigirá» la intervención de los centros en el diseño de las pruebas de evaluación y el consenso en sus contenidos así como en los criterios de calificación y aplicarán alternativas para ofrecer una salida a quienes no superen la reválida a pesar de aprobar el curso, además de introducir Educación para la Ciudadanía o no subvencionar centros segregados.

Financiación europea

Pero además de aplazar la entrada en vigor de la ley, Wert entró de lleno en la financiación, que centraba las preocupaciones de las comunidades, y anunció que el Ministerio de Educación cofinanciará con el Fondo Social Europeo los gastos directamente relacionados con la implantación de la reforma educativa, que ascienden a unos 2.000 millones de euros hasta el 2020. Aunque los detalles del reparto de estos fondos no se concretarán hasta abril, cuando Wert ha propuesto celebrar una Conferencia Sectorial de Educación monográfica, el ministro manifestó que el Estado jugará un doble papel en su gestión. Por un lado, adelantará el importe financiable y, por otro, aportará la parte que las administraciones públicas están obligadas a cofinanciar, en este caso, un 40%, es decir, 800 millones de euros.

En realidad, como reconocen fuentes del Ministerio esos 1.200 millones son estimativos, porque dependerá de los alumnos que opten por esta vía. Además, todavía queda pendiente el reparto de esas cuantías que se resolverá en la conferencia sectorial en abril. Esta cofinanciación europea sirvió para que las comunidades del PP cerraran filas en favor del ministro Wert y eclipsó las voces críticas de los consejeros disidentes.