Alaya rechaza dividir en diferentes piezas el sumario del 'caso ERE'

El caso de los ERE fraudulentos suma ya 145 imputados, miles de documentos y tres años largos de instrucción. Se trata del sumario más complejo y voluminoso de los conocidos hasta ahora en Andalucía, con más imputados incluso que el 'caso Malaya'. Pese a ello, la jueza Mercedes Alaya insiste en que proseguirá la investigación sin dividir en diferentes piezas la causa, tal como le ha insinuado alguna vez la Fiscalía Anticorrupción. Al menos «hasta ahora», advierte la jueza sin cerrar la puerta a futuras escisiones.

En respuesta a la petición de una imputada, la empresaria Encarnación Poto Monge, que reclamó separar su causa del resto, la magistrada esgrime en un auto conocido ayer las razones para mantener como una pieza única la prolija investigación.

Según Alaya «la causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas». Se refiere «a los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años». En segundo lugar, incluye «a los intermediarios que alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés».

Alaya reprocha a Poto Monge que, lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', «se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos, para conseguir elevadas subvenciones, conociendo indiciariamente que las mismas se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes».

Empresaria imputada

La empresaria Poto Monge está imputada por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y obtención indebida de subvenciones al incluir a dos intrusos (ajenos al personal empleado) en un expediente de regulación (ERE) de la empresa Acyco, de la que era presidenta, además de prejubilarse ella misma.

Alaya ha imputado por un presunto delito de malversación a Carlos Miranda Bacciarini, que entre 2003 y 2011 fue director de la compañía que gestionaba todos los hoteles de Nueva Rumasa, entre ellos el hotel Cervantes de Torremolinos. La magistrada le tomó declaración ayer por la inclusión de dos intrusos en el ERE del hotel y por las 'mordidas' de Juan Lanzas, sindicalista que ejerció de «conseguidor» en la Junta de esas ayudas.

Miranda Bacciarini dijo que fue José María Ruiz-Mateos quien le presentó a Lanzas, confirmó que le entregó varios sobres, pero negó que fuera consciente de que con ello se le estaba haciendo un pago. Lanzas cobró 600.000 euros por su mediación en el ERE del hotel Cervantes, pagos que recibiría en sobres semanales o quincenales con 20.000 o 25.000 euros. El fiscal solicitó para el acusado una fianza civil de 120.000 euros, a la que se adhirieron los abogados de la Junta y Manos Limpias.