ETA no se plantea la disolución

ETA debe existir mientras haya presos en las cárceles de España y Francia. Así lo entiende la dirección de la banda, que ha hecho llegar este mensaje a las personas, mediadores y verificadores incluidos, que en los últimos meses han estado en contacto con la cúpula de la organización terrorista. La misma idea se desprende de algunos de los documentos intervenidos en la reciente operación de la Guardia Civil que ha supuesto la detención de los abogados de presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza, acusados de estar al frente del órgano de control de los reclusos encarcelados.

Frente a los llamamientos del Gobierno de Mariano Rajoy y de la casi totalidad de las fuerzas políticas para que anuncie ya su disolución, la banda ni se plantea esa opción, al menos en el corto y medio plazo. La dirección etarra entiende que no puede desaparecer porque aún tiene una labor que realizar, la de mantener la «cohesión» del colectivo oficial de presos, el EPPK. Considera que no puede «dejar abandonados» a sus militantes, según la terminología que utiliza la organización terrorista. Esa persistencia no significa, sin embargo, que ETA conciba volver a practicar la violencia o sopese siquiera algo diferente al «cese definitivo» de su actividad que decretó el 20 de octubre de 2011, como aseguran de forma habitual los dirigentes de Sortu y han reiterado esta misma semana a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista.

Los dirigentes de la izquierda abertzale sostienen que esa decisión de dejar atrás «la lucha» es «por convencimiento» de los terroristas. Las fuerzas de seguridad del Estado creen que se debe a su «extrema debilidad» y a los golpes policiales que han venido sufriendo en la última década. De hecho, los especialistas en la lucha contra ETA aseguran que la banda está formada por poco más de una treintena de activistas que «tratan de sobrevivir y de no ser detenidos». «No hay ningún aparato operativo», insisten las mismas fuentes policiales.

La negativa de ETA a 'echar la persiana' plantea un escenario cuanto menos inquietante. Al menos 150 presos tienen pendientes penas de entre 30 y 40 años. Entre ellos, responsables de los comandos tan significados como Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', o Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'. Lo que significa que la banda podría permanecer latente varias décadas más, y sólo la apertura de conversaciones con el Gobierno español para hablar del futuro de los reclusos y de los terroristas aún en activo podría hacer cambiar a la banda de idea.

No obstante, el Ejecutivo de Rajoy descarta esa posibilidad. Tanto en las declaraciones públicas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como en conversaciones más privadas, los miembros del Gobierno subrayan que no se abrirá «ninguna línea» de contacto con la banda, aunque fuera indirecta, ni se concederá a los presos medida de gracia alguna, más allá de las que se contemplan en la legislación penitenciaria para quienes renuncian a la violencia y «piden perdón».

La Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza están convencidas de que ETA quiere perpetuarse como un «actor político» que pueda presionar a las instituciones y los partidos vascos e intente «marcar el rumbo» hacia «el socialismo y la independencia» de Euskadi. «Quieren seguir existiendo para condicionar la toma de decisiones», insisten fuentes policiales.

Objetivo irrenunciable

Fuentes de la lucha antiterrorista advierten, en este sentido, de que la disolución de ETA se ha convertido en uno de los objetivos irrenunciables del Gobierno de Mariano Rajoy. Aseguran que, a pesar de las presiones que se puedan realizar desde Euskadi, del estilo de la manifestación conjunta organizada por PNV y Sortu hace dos semanas, el Ejecutivo del PP descarta realizar cualquier cambio en la política penitenciaria mientras la banda terrorista no escenifique su cierre definitivo. «No es una pose, es una decisión firme», insisten.

Subrayan, en este sentido, que la dispersión se mantendrá sin cambio alguno porqueha sido un «mecanismo eficaz» en la lucha contra «organizaciones criminales más allá de ETA». Y que el Gobierno sólo acercará a los presos a cárceles del País Vasco «cuando la banda esté disuelta», porque «no se puede permitir» que «una organización terrorista que ha provocado cientos de muertos» pretenda «seguir existiendo para tutelar a sus presos».

Por eso, avanzan, las fuerzas de seguridad del Estado «sólo pueden» tratar de detener a los militantes en activo y a todo aquel que les respalde. «Si a ETA le preocupan de verdad sus presos, lo mejor que puede hacer es desaparecer», reiteran las mismas fuentes, que están convencidas de que la disolución conllevaría que el Gobierno pusiera en marcha un plan para trasladar a los reclusos «de forma paulatina» a cárceles cercanas a Euskadi.

Descartan, en esta línea, que los presos vayan a poder conseguir por la vía judicial mejoras en su situación carcelaria. El EPPK ha autorizado a los reclusos a comenzar a tramitar en los tribunales reclamaciones individuales para que los magistrados les den un trato similar al de cualquier interno común. Las solicitudes arrancarán por aquellos presos con enfermedades o que ya han cumplido treinta años de internamiento. Sin embargo, las misivas con esta demanda no se han comenzado a remitir aún.