Los inspectores niegan haber recibido presiones para exonerar a la infantaEl juez no quiere que haya imágenes

Los tres inspectores de la Agencia Tributaria y el mando policial que declararon ayer ante el juez del 'caso Nóos' aseguraron que no sufrieron ninguna presión de sus superiores ni tuvieron injerencia alguna en el trabajo para exonerar de delito fiscal a la infanta Cristina en sus informes. Los expertos se ratificaron ante José Castro en que la hija del Rey no cometió ningún ilícito tributario porque, de haberlo, ella no era la administradora de Aizoon, papel que desempeñaba Iñaki Urdangarin, ni tenía actividad profesional alguna en dicha inmobiliaria, aunque era copropietaria de la misma.

El instructor del 'caso Nóos' imputó a la infanta Cristina por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de febrero. Pero a tenor de los testimonios de los inspectores de Hacienda y de una inspectora del grupo de Delincuencia Económica de la Policía el delito fiscal no existió porque el papel de la esposa de Urdangarin era irrelevante a efectos de la actividad económica de la empresa pantalla de la pareja, firma que fue utilizada para desviar los fondos públicos obtenidos por Nóos en sus contratos con Baleares y la Comunidad Valenciana.

Cristina de Borbón no facturaba ninguna actividad profesional suya a través de Aizoon ni era la administradora, señalaron los testigos. Era una socia no administradora sin funciones ejecutivas, según el resumen que hicieron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

En el supuesto de que conociera el origen ilícito de los fondos de la inmobiliaria y los destinara a gastos privados, como la reforma de su residencia en el barrio barcelonés de Pedralbes o a financiar viajes particulares, comidas y fiestas familiares, tampoco se puede calificar de blanqueo de capitales, aseveró la inspectora de la Policía, de acuerdo con las fuentes jurídicas. Un testimonio que contradice de plano los argumentos utilizados por el instructor en su auto de imputación de la infanta.

Uno de los asuntos más controvertidos estuvo en las tres facturas por valor de 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una sociedad de Diego Torres, el exsocio de Urdangarin en Nóos, porque en un primer momento fueron consideradas falsas por la Agencia Tributaria y luego fueron aceptadas como válidas a efectos fiscales. Quedó claro en el testimonio de los expertos que se trató de unas facturas por un servicio inexistente y que el dinero debía corresponder a un ingreso de Urdangarin y Torres que repartieron a medias mediante facturas cruzadas, que era su modus operandi habitual. Se trata, admitieron los expertos, de facturas «simuladas».

Urdangarin, responsable

Esos casi 70.000 euros fueron deducidos del impuesto de sociedades que pagó Aizoon en 2007, y de no haberlo hecho hubieran incurrido en delito fiscal porque en ese ejercicio la inmobiliaria habría defraudado más de 120.000 euros, suma a partir de la cual se considera ilícito fiscal. Una explicación que indignó a la letrada de acusación popular Manos Limpias, Virginia López Negrete, que a la salida del interrogatorio denunció que «a ningún ciudadano se le admitiría una factura simulada como gasto deducible».

En todo caso, los inspectores hicieron hincapié en que el responsable de todas las operaciones financieras y fiscales era Urdangarin y no su esposa, a pesar de ser propietaria del 50% de la firma. Tesis que también empleó el fiscal Pedro Horrach en el escrito que dirigió al juez para solicitar la declaración de los inspectores. En aquel texto el fiscal responsabilizó al juez de haber imputado a la hija del Rey basándose en «una teoría conspirativa» sustentada en «dudas y conjeturas».

Castro también interrogó a los responsables de siete compañías privadas a las que Urdangarin prestó servicios de asesoría y por los que facturó casi 700.000 euros entre 2007 y 2010. Todos declararon que el yerno del Rey hizo una labor de consejero asesor. El marido de la infanta cobró esos servicios siempre a través de Aizoon para tributar los ingresos como impuesto de sociedades, menos oneroso, y no en el IRPF, que hubiera supuesto unos desembolsos mayores.

Tras los testimonios recabados ayer, el juez instructor deberá decidir si mantiene la imputación de la infanta Cristina por los mismos delitos o modifica su calificación de los hechos.

El juez José Castro atendió a la petición de la defensa de la infanta Cristina y su declaración no será grabada en vídeo aunque sí en audio. El instructor no quiere arriesgarse a una filtración de las imágenes de la hija del Rey en la comparecencia del 8 de febrero, la primera de un miembro de la Familia Real ante un juez como imputado por dos delitos fiscales. La decisión motivó la protesta de los letrados de Diego Torres y de la acusación popular de Manos Limpias. Ambas adujeron que si la Justicia es igual para todos, la infanta debía ser tratada como todos en el 'caso Nóos'. La abogada de Manos Limpias señaló que esa decisión demuestra que «todos no somos iguales ante la ley» y que hay «una serie de privilegios» para algunos.