Susana Díaz se compromete a cofinanciar la nueva cuota de los fondos de desarrollo rural

Tras el desacuerdo por el reparto de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) por parte del Ministerio de Agricultura, en el que el campo andaluz perderá 418 millones de euros, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, garantizó ayer a las organizaciones agrarias que mantendrá la cofinanciación de los fondos de desarrollo rural. Además, celebrará reuniones periódicas con el sector, la primera de ellas el próximo mes de febrero.

En plena tormenta por el reparto, Díaz se reunió ayer en San Telmo con la Mesa de Interlocución Agraria en un encuentro básicamente político que buscaba garantizar que, en este contexto de ajuste, la Junta no va a recortar su aportación, sino que asumirá su cuota en el marco 2014-2020.

Mayor cuota autonómica

En la nueva PAC ha variado la mecánica de financiación de los fondos de desarrollo rural, donde se ha producido el mayor recorte en el reparto de la asignación. Hasta ahora, el 75 % de estos fondos eran aportados por la UE y el 25 % restante se repartía entre Estado y Junta en una proporción 40-60 %. En el nuevo marco el Gobierno reduce su aportación al 30%, unos 47 millones de euros menos, por lo que la comunidad ha de aportar el 70% restante. La cantidad final que supondrá esta nueva cuota no ha sido determinada, si bien la consejera de Agricultura, Elena Víboras, anunció que la Junta aportará 331 millones en nuevos planes de desarrollo rural en el nuevo marco.

La presidenta se comprometió a asumir este aumento de carga financiera, también para la completar 600 millones pendientes de ejecución del anterior programa de desarrollo rural (2007-2013) cuya urgencia le planteó ASAJA. Según esta organización, numerosos agricultores tienen solicitadas las ayudas, sin que hayan sido resueltas, y se perderán si no se adjudican antes de que en 2015 entre en vigor el nuevo marco. Agricultura considera que aún están en ejecución.

La presidenta de la Junta se comprometió a seguir muy de cerca el desarrollo del nuevo marco de la PAC con las organizaciones profesionales del sector a través de una próxima reunión, en febrero, y propuso constituir grupos de trabajo que contribuyan a encontrar soluciones a los problemas del sector, entre los que citó «las asfixiantes tarifas eléctricas, los precios elevados del gasóleo y el petróleo y, sobre todo, los problemas para fijar mecanismos de regulación de los mercados justos».

La Mesa mostró que, consumada la negociación, la unidad del sector ha terminado. Así, mientras COAG y UPA rechazaron el que consideran «reparto político» de los fondos y anunciaron movilizaciones, ASAJA y Faeca se mostraron conformes con el resultado.

Estas últimas organizaciones consideran que las perspectivas eran de perder más de mil millones, por la aplicación de la «tasa plana» y creen que el establecimiento de la comarcalización ha evitado la pérdida de rentas entre territorios y, aunque lamentan el recorte, consideran que apenas supone el 1,5% del total de la PAC. Además, resaltan que las críticas no se dirigen al modelo, que es lo importante.

COAG, sin embargo, considera que el Gobierno central «castiga o penaliza» a unas comunidades frente a otras después de un «resultado razonable» de las negociaciones con la UE.