El vía crucis judicial de la Lomce

Cuando el pasado 28 de noviembre la Lomce fue aprobada en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP concluyó el trámite parlamentario de la reforma educativa, pero dio comienzo la batalla jurídica. Y es que la normativa se enfrenta en los próximos meses -cuando no años- a un auténtico vía crucis jurídico en el que la 'marea verde' cederá protagonismo a una batería de recursos ante los tribunales con el objetivo de paralizar o, al menos, retrasar la implantación de la ley prevista para el próximo curso. El primero en dar el paso ayer fue CC OO al anunciar que pedirá a la Defensora del Pueblo y a las instituciones de la UE (Comisión y Parlamento) paralizar los aspectos de la ley que «vulneran derechos fundamentales» de la Constitución. Pero no son los únicos. Varias comunidades autónomas -Cataluña, Andalucía, País Vasco o Asturias- tienen intención de acudir al Tribunal Constitucional al considerar que el texto invade sus competencias. El PSOE también anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad.

«Pelearemos contra la Lomce con todos los medios a nuestro alcance», aseguró el secretario general de Enseñanza de CC OO, Francisco García. Así, el sindicato presentó su «ofensiva jurídica» contra una normativa que «vulnera nueve artículos sobre derechos fundamentales recogidos en la Constitución, cuatro convenios internacionales y una directiva europea». Entre esos puntos se encuentran aspectos como «blindar los conciertos» de los centros de educación segregada por sexos, el trato preferente a la Religión, la invasión de competencias autonómicas o el acceso a la función pública del profesor.

En concreto, el escrito de CC OO asegura que la Lomce no respeta el artículo 14 de la Carta Magna sobre los derechos de igualdad y no discriminación al permitir la financiación pública de los centros de educación diferenciada. También considera que vulnera el derecho a la educación al obligar a los alumnos a elegir entre Religión y Valores Sociales (Primaria) o Valores Éticos (Secundaria). «En ambos casos se da una prioridad a la asignatura de Religión que impide que los estudiantes que la elijan tengan acceso a las enseñanzas en valores democráticos», explican en el escrito. El sindicato considera que la reforma tampoco respeta los artículos 28.1 y 37.1 sobre negociación colectiva y libertad sindical «al abordar de manera encubierta aspectos propios de la carrera profesional de los docentes».

Respecto a la invasión de las competencias autonómicas, la responsable jurídica del sindicato, Carmen Perona, argumentó que existe un «exceso de regulación del currículo por parte del Estado», en referencia al porcentaje de 100% de contenidos de las asignaturas troncales (la inmensa mayoría) que fija el Ministerio, así como el mínimo de horas lectivas de dichas asignaturas en las comunidades con lengua cooficial.

Con estos argumentos CC OO pedirá a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Paralelamente, también solicitarán a la Comisión Europea la suspensión de aspectos de la norma contrarios a la legislación europea, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso a la función pública de los docentes. La Comisión, en caso de considerarlo oportuno, podría elevar este recurso al Tribunal de Justicia de la UE. Por su parte, el sindicato instará al Parlamento Europeo a que se pronuncie sobre la posibilidad de recurrir la Lomce ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, parece difícil que estos recursos -y los que puedan presentar las comunidades autónomas y los partidos de la oposición- se solventen antes de que la Lomce comience a aplicarse en septiembre. En cualquier caso, desde el Ministerio siempre han mantenido el discurso de que la reforma se ajusta al marco legal y se muestran convencidos de que la ley se implantará según lo previsto. Pero la Lomce no es el único frente que el departamento de José Ignacio Wert tiene abierto en los tribunales. Y es que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso de la Generalitat de Cataluña sobre el decreto de becas. Lo que está claro es que la Lomce aún dará mucho que hablar en los tribunales.