Pekín resta credibilidad a las revelaciones sobre capitales en paraísos fiscales

«La lógica de ese artículo no es convincente. Eso hace que se susciten dudas acerca de si tiene motivos ulteriores». Así de escueto respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, a las preguntas que le hicieron ayer los periodistas extranjeros sobre las filtraciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) acerca de la compleja trama empresarial creada en paraísos fiscales para evadir impuestos, evitar las estrictas restricciones al movimiento de capitales y esconder dinero negro en la que participan familiares y amigos de altos mandatarios chinos.

No obstante, Qin tampoco fue muy rotundo en su rechazo a la veracidad de los dos millones de documentos contenidos en lo que ya se conoce como el 'Chinaleaks': «El inocente es inocente y las malas prácticas no pueden ocultarse», sentenció enigmático.

Lo que sí ha conseguido esconder a sus ciudadanos el Gobierno chino, al menos de momento, es el contenido de la investigación que los periodistas han llevado a cabo en los archivos de las dos gestorías de las que ha surgido la filtración -Portcullis Trustnet y Commonwealth Trust-, porque ayer los censores bloquearon el acceso a todos los medios de comunicación que han publicado las informaciones.

Las páginas web de diarios como el británico The Guardian o el francés Le Monde eran ayer inaccesibles desde territorio de la China continental y, a juzgar por lo que ha sucedido con The New York Times y Bloomberg, que anteriormente habían publicado extensos reportajes sobre las fortunas que han amasado los familiares del ex primer ministro Wen Jiabao y del actual presidente, Xi Jinping, puede que ese cierre sea prolongado.

La hipocresía del presidente

No en vano, la información desvelada tiene gran potencial incendiario en un país cada vez más crítico con sus gobernantes y menos tolerante con la corrupción y con las desigualdades sociales: trece familiares de dirigentes chinos -entre ellos, el hijo de Wen y la hija del ex primer ministro Li Peng, así como el cuñado de Xi- están en la lista de los 22.000 ciudadanos chinos -muchos de ellos reconocidos multimillonarios- que habrían abierto empresas en paraísos fiscales, sobre todo en las Islas Vírgenes Británicas.

Si los datos son exactos, es la confirmación de que los líderes políticos y sus allegados se han llenado los bolsillos gracias al auge económico del país y han escondido su riqueza a través de empresas secretas cuya única función era la de ejercer de tapadera. China recalca que su existencia no es ilegal y que por lo tanto quienes utilizan estas empresas no están cometiendo ningún delito, pero su uso generalizado entre la cúpula de los poderes político y económico incluso pone en duda la sinceridad de la cruzada que el presidente Xi ha lanzado contra la corrupción.

Curiosamente, todo apunta a que quien sí sufrirá consecuencias penales es Xu Zhiyong, activista fundador del movimiento Nuevo Ciudadano, que exige más control sobre los líderes del país y el estricto cumplimiento de la Constitución. Ayer se celebró la primera sesión de su juicio, al que no han tenido acceso ni diplomáticos ni periodistas extranjeros -que fueron expulsados a empujones-, y pocos dudan de que será condenado por 'alteración del orden público', un delito que está castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

De hecho, el propio Xu se mantuvo ayer en silencio durante la vista porque, como aseguró su abogado, Zhang Qingfang, «no cree que el tribunal le garantice un juicio justo». Prueba de ello es que Xu trató de leer un alegato final, pero el juez le interrumpió antes de acabar. Hasta mañana se celebrarán otros cuatro juicios contra miembros de su movimiento.