Alaya pide 584.000 euros de fianza a un sindicalista de CC OO en el hotel Cervantes

La jueza de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, impuso ayer una fianza de responsabilidad civil de de 584.000 euros a José Cabrera Molina, delegado de la sección sindical de CC OO del hotel Cervantes de Torremolinos. Cabrera Molina, que se negó a declarar ante la magistrada, está acusado por esta de conocer la inclusión de dos intrusos en el expediente de regulación de empleo (ERE) del hotel y de facilitar el proceso. Además de Cabrera Molina, ayer declararon ante Alaya otros dos imputados relacionados con dicho ERE, el antiguo director del hotel, Miguel Rodríguez, y al gerente de la agencia de viajes Marbesol, Antonio Isla. Alaya ha pedido 58.000 euros de fianza civil para el primero y ninguna para el segundo.

La fianza civil a Cabrera Molina fue solicitada por el ministerio fiscal y la cantidad es la suma de las pólizas cobradas por los intrusos: Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cueva. El fiscal ha pedido declarar responsable civil subsidiario a la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC OO. Hoy está previsto que declare por los mismos hechos Gonzalo Fuentes Guerrero, integrante de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Málaga.

Lanzas

Miguel Rodríguez, a quien la jueza le acusa de malversación, dijo que nunca conoció a Juan Lanzas, mediador del ERE con la familia Ruiz Mateos, propietaria del hotel. Según la Guardia Civil, el ERE del hotel tuvo un sobrecoste de 1,4 millones de euros que pagó la Junta. Por la mediación, Lanzas cobró 600.000 euros, en sobres de 25.000 euros, según la investigación.

Alaya le acusa de firmar la solicitud del ERE «a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas» y «falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la fecha de antigüedad en el hotel».

Rodríguez relató, según fuentes del caso, que Ruiz Mateos padre se ocupaba personalmente del hotel y como anécdota contó que pasaba la mano por el suelo para ver si estaba limpio.

Antonio Isla, a quien la jueza le acusa de malversación por tramitar que Sendino, trabajador de la agencia, se prejubilara en el hotel, declaró desconocer todo lo relacionado con el ERE del Cervantes, ya que si acompañó a sus jefes alguna vez, carecía de capacidad de decisión.