La Junta amplía la protección de La Almoraima para frenar su venta

El Consejo de Gobierno de la Junta ha iniciado el proceso de ampliación del parque natural de los Alcornocales con el principal objetivo de proteger los terrenos aún no incluidos de la finca La Almoraima, propiedad del Estado y que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente quiere sacar a subasta por 300 millones de euros. El acicate para la venta es un proyecto para construir en la zona no protegida (1.400 hectáreas) un 'resort' de lujo con aeródromo y campo de golf, además de mejorar el actual hotel-convento. El principal reclamo es su cercanía a la Costa del Sol. Dista 54 kilómetros de Marbella. El Ayuntamiento de Castellar, que gobierna un alcalde de IU, Juan Casanova, rechazó ayer la propuesta de un nuevo plan de usos de la finca, para incluir los anteriores proyectos, tras informarlo de forma negativa los técnicos municipales.

Junta y Ayuntamiento han sumado obstáculos para la venta del latifundio de 14.113 hectáreas, cuyo principal valor ecológico es su alcornocal, el más grande de la Península Ibérica y el mejor conservado del mundo, al que acompaña otras especies como quejigos, robles melojos, pinos negrales y encinas. Acoge también más de 80 especies de rapaces, entre águilas, azores, gavilanes, halcones, buitres y cernícalos.

La decisión última de la subasta, no obstante, depende del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ya que el Gobierno andaluz no contempla por ahora ejercer el derecho de retracto o la compra directa al Estado, según reconoció su portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

Arias Cañete manifestó el lunes que la subasta no estaba ligada al proyecto turístico, sin embargo ayer tanto el ministro como la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y otros cargos del PP arremetieron contra la Junta por haber aprobado iniciar la protección total de La Almoraima.

Cañete atribuye la ampliación del parque natural a un pacto entre la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, y «su aliado comunista, el señor Valderas», a los que acusa de «boicotear» un desarrollo urbanístico «muy positivo» para una zona deprimida como Castellar, según recoge Europa Press. El ministro afirma que la ampliación no tiene «riqueza medioambiental» porque en su mayoría son regadíos, agricultura de secano y pastos. La consejera de Medio Ambiente aseguró que «sí tiene justificación medioambiental», ya que contiene bosques de ribera y setos mediterráneos.

La ampliación del parque no solo afecta a La Almoraima, sino a otras fincas, como La Alcaldesa, Majarambú, Botafuegos, Pinar del Rey y Dehesa del Guadalquitón. Las dos primeras son propiedad de la Junta. Todas ellas, incluida La Almoraima, suman 6.000 hectáreas que se añadirían a las actuales 167.730 hectáreas del parque.