La Audiencia corrige a Alaya y le ordena poner una fianza al exinterventor

La Audiencia Provincial de Sevilla corrige a la jueza instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y la insta a imponer fianza civil y medidas cautelares a tres imputados, altos funcionarios de la administración de la Junta, entre ellos el exinterventor Manuel Gómez, famoso por sus advertencias sobre el uso irregular de las transferencias de financiación.

La Fiscalía anticorrupción había recurrido que no se impusiera medidas cautelares a la funcionaria María José Rofa, a la que la jueza libró de una ianza civil por «su contribución para el esclarecimiento de los hechos». Según la Audiencia, la colaboración de un imputado para esclarecer la causa «puede ser objeto de una futura atenuación de la pena, pero no una razón para no adoptar medidas de aseguramiento». El fiscal había pedido para Rofa una fianza civil de 205.000 euros.

Respecto a Manuel Gómez y Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio de la dirección general de Trabajo, la jueza no había impuesto medidas cautelares porque no las había pedido ninguna de las partes personadas. La Audiencia corrige y afirma que la imposición de una medida cautelar real no exige la petición de una parte, ya que basta que del sumario «resulten indicios de criminalidad contra una persona».

La jueza Alaya autorizó ayer, por su parte, que los abogados puedan usar soportes informáticos durante los interrogatorios, aunque no grabarlos.