EL PSC deja la amenaza de expulsión a los críticos en una suspensión de sus cargos

La amenaza de la expulsión se ha quedado al final en una suspensión cautelar de los cargos que Joan Ignasi Elena, Marina Geli y Núria Ventura, los tres diputados que incumplieron la discipilna de voto en la votación clave del Parlamento de Cataluña el pasado jueves, tienen en la ejecutiva y el Consejo Nacional del PSC. La comisión de garantías del partido evitó tomar ayer una solución más drástica que, probablemente, y a la luz de los distintos pronunciamientos que se han sucedido a lo largo de este fin de semana, tanto por los propios afectados como por dirigentes afines a Pere Navarro, habría provocado un incendio en la formación.

El caso es que el golpe de autoridad que hace tan sólo unos días parecía dispuesto a dar el primer secretario de la formación -un hombre, por otro lado, de caracter conciliador- se ha quedado algo descafeinado. Nadie descarta aún la expulsión definitiva. Pero lo que ya está claro es que la solución a esta crisis interna no será tan rápida y limpia como algunos deseaban. Y el desgarro del PSC, un partido que en sólo dos legislaturas ha perdido la mitad de sus escaños para situarse como tercera fuerza de la cámara, volverá a tener encima todo el foco mediático en la misma semana en la que se aprueban definitivamente las cuentas autonómicas.

Ahora se abre un plazo de alegaciones para que los tres rebeldes expliquen su posición y respondan a aquello de lo que se les acusa: la ruptura de la disciplina de voto del grupo parlamentario y la vulneración de un acuerdo tomado por una incontestable mayoría del 84% del Consejo Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, el pasado 17 de noviembre. Un acuerdo por el que decidió votar en contra de «cualquier propuesta o iniciativa legislativa relacionada con la consulta que no haya sido previamente negociada y acordada con el Gobierno de España».

Será un gota a gota porque, al margen de las cuestiones orgánicas, quedan también las parlamentarias. Mañana la dirección del grupo debe decidir si impone sanciones económicas de hasta 600 euros a los tres diputados que se sumaron a la petición de CiU, Esquerra e Iniciativa para que el Estado traspase las competencia para convocar referendos o si les exige que abandonen las comisones en las que están presentes. Dado que la comisión de garantías del partido ha optado por una suspensión temporal parecería difícil de justificar algo más contundente como la expulsión del grupo parlamentario que, por otro lado convertiría al PSC en cuarta fuerza política en el Parlamento autonómico pues de 20 pasaría a 17 escaños.

Pulso vigente

Lo que está claro es que ni Elena ni Geli ni Ventura van a renunciar a un escaño que, según la doctrina constitucional, les pertenece -esto es, la titularidad del acta parlamentaria es del diputado y no del partido en el que milita-. Esa era la salida más fácil para Navarro y a ella se aferró hasta el último momento, pero los tres diputados dejaron claro desde el principio que llevarían su pulso hasta el final y que no seguirían los pasos del alcalde de Lérida, Angel Ros, que optó por renunciar a su sillón en la Cámara legislativa catalana para no tener que decidir entre votar lo que quería y lo que había decidido la formación. La dirección del PSOE, mientras, mantiene su apoyo escrupuloso a la dirección del PSC sin entrar a pronunciarse sobre cómo debe actuar una vez su ultimátum ha sido desoído.

El único que, de alguna manera, de saltó la premisa del repeto a la autonomía del partido fue el secretario general de Aragón, Javier Lambán, quien recomendó a Navarro que sea «absolutamente inflexible» con los «díscolos». «Que acepte las cosas como son: hay determinados sectores del socialismo catalán que son antes nacionalistas que socialistas y seguramente en un proyecto socialista de futuro saldrán», alegó.

La impresión en la dirección federal, en todo caso, es que el primer secretario de los socialistas catalanes está midiendo los tiempos en un intento de diluir el golpe que podría haber supuesto una expulsión sin más miramientos para neutralizar así el riesgo de una ruptura. Alrededor de 1.500 militantes han firmado el 'manifiesto socialista por el referéndum' en apoyo a disidentes y dirigentes del entorno de Navarro han pedido que no se acabe con la pluralidad que ha sido seña de identidad del partido durante años.