Una lucha a contrarreloj

Están llamando a todas las puertas que conocen. A las del barrio, a las del Ayuntamiento y también a las de la Junta de Andalucía. El desalojo el pasado viernes de Aysha Elmortada, el primero de los nueve que con toda probabilidad se terminarán ejecutando en San Severiano 43, ha agitado los ánimos de las mujeres que okupan esta finca al ver cómo han iniciado una contrarreloj. Cada una tiene un proceso judicial diferente, pero todas ellas compartirán el mismo recorrido que el que ha tenido Aysha y cuyo fin es la ejecución de la orden de desalojo de las viviendas en las que residen desde el pasado mayo. A lo largo del próximo mes de febrero, estas mujeres comparecerán ante el juez para explicar lo que llevan relatando a las asistentas de asuntos sociales y a toda persona que los reciben en los últimos meses. Una situación difícil, la imposibilidad de encontrar un trabajo en la ciudad y la lucha diaria de sacar la familia adelante. «En febrero iremos a ver al juez pero sabemos que tarde o temprano vendrán a echarnos. No podemos estar así», afirmaba Nazaret, una de las okupas y madre de dos hijos.

En la mañana de ayer, volvieron a golpear la puerta del Patronato Municipal de Vivienda. Acudieron tres de estas mujeres, entre las que se encontraba Aysha Elmortada, que ha pasado el fin de semana en casa de una de sus vecinas mientras busca una solución para ella y su hijo de cuatro años. Allí fueron recibidas por el concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Román, quien no pudo ofrecerle mucha información ni sobre el proceso de baremación del Registro de Demandante de Viviendas ni sobre el estado de algunos de los pisos vacíos de Procasa. «No puede ser que haya tantos pisos vacíos en Cádiz y la lista de demandantes no se mueva nada», criticaba Lucía Díaz a la salida de la reunión. «Nos ha dicho que le hagamos una lista de los pisos vacíos que existen en Cádiz pero ése es su trabajo, no el nuestro».

Tras la reunión con Pablo Román, se desplazaron hasta el Ayuntamiento donde fueron recibidas por las delegadas de Familia y Asuntos Sociales, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. Fuentes municipales explicaron que ambas ediles se comprometieron a hacer todo lo posible desde sus áreas «como ya se está haciendo. Las asistentas les están haciendo un seguimiento». Otra de las puertas que llamarán próximamente será la de la Junta de Andalucía con las que se sienten decepcionadas después de que «el delegado Manuel Cárdenas nos dijeran que habían enviado un escrito al Juzgado para paralizar el desahucio. Pero la realidad es que el viernes vinieron a echarme y no hemos sabido nada más de la Junta», señalaba ayer Aysha. Seguirán llamando a todas las puertas que encuentren mientras esperan a que llegue el desalojo.