Clamor de tongo y enchufe tras unas pruebas de acceso de Diputación

Las pruebas de acceso a 40 plazas de enfermero en una bolsa de trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz acabaron, el pasado sábado, en un escándalo que ha convertido la indignación de decenas de participantes en un reguero de quejas transmitidas a través de varios sindicatos (Satse, SAT y Comisiones Obreras) o de testimonios particulares.

El malestar llegó a ser tanto en la mañana de ayer, 48 horas después de los sucesos, que el Colegio de Enfermería creó una «plataforma de afectados» para tratar de asesorar, agrupar y racionalizar tantas protestas de profesionales que reclaman responsabilidades por lo que consideran una chapuza o la repetición de la prueba.

El Sindicato de Enfermería, mientras, admite que ya estudia posibles medidas legales si su equipo jurídico le confirma los indicios de posibles irregularidades que parecen «evidentes» tras recibir «decenas» de llamadas que cuentan lo mismo. También anima a los afectados a presentar impugnaciones o reclamaciones pero, con la normativa en la mano, «una vez que se haya publicado el listado provisional de resultados». Los datos comunes de todos los relatos de asociaciones o individuos coinciden en calificar la convocatoria como «timo», «estafa», «tongo» o «exhibición de enchufismo».

Los hechos se produjeron el pasado sábado 18 de enero a partir de las 9 de la mañana. En mitad de uno de los peores temporales en muchos meses, los participantes fueron citados en plena calle, en la plaza Fragela, teniendo que apartarse de la cola para que pasaran los coches. Allí, así, eran llamados uno a uno, en voz alta, e invitados a pasar a la Facultad de Medicina.

El proceso se demoró durante una hora con lo que algunos aspirantes, con la espera previa, sumaron casi tres horas a la intemperie. Fueron alrededor de 700 las personas, todos enfermeros, que habían acudido en busca de una de las 40 plazas que les permitirían trabajar, durante seis meses, en residencias de ancianos de Cádiz y El Puerto. Los descartados pasarían a formar parte de una bolsa de trabajo.

De la desorganización a la duda

Las primeras quejas sobre las formas en el proceso se refieren a su anuncio. Según declaran varios de los participantes, no existió publicidad de la fecha, la hora y el lugar del examen. El único anuncio llegó en la web de Diputación, que incluyó la convocatoria durante la semana entre Navidad y Fin de Año.

Pero la mayor de las quejas de todos los testigos presenciales está en que los exámenes para realizar la prueba llegaron en cajas abiertas sin ningún tipo de control ni seguridad «más que una mujer que se daba un paseo de vez en cuando como si los vigilara», asegura una denunciante.

Cuando un aspirante preguntó en voz alta «¿por qué están las cajas abiertas, si todos las pruebas oficiales vienen precintadas y se abren justo en el momento de repartirse?», los enfermeros no encontraron una respuesta clara. La más concreta que recibieron fue que el examen había estado «custodiado en todo momento por un miembro del tribunal y guardado bajo llave en un armario».

Ante esta situación tan irregular, varios de los asistentes se marcharon sin hacer el examen. Otros empezaron a anunciar en voz alta su intención de impugnar la prueba. Algo que ayer lunes hicieron más de 40 personas, agrupadas ya en la plataforma de afectados que el Colegio de Enfermería ha creado para resolver esta situación.

Pese a las quejas y gritos, el examen comenzó. Las preguntas crearon también un enorme malestar puesto que pese a que en la convocatoria se especificaba que la prueba incluiría preguntas sobre 13 temas concretos que fueron anunciados para su estudio, varios denunciantes aseguran que finalmente las interrogantes no tenían nada que ver con ese temario.

Este último conflicto, el del contenido de las preguntas, hace entender a muchos de los denunciantes que el temario fue modificado sin previo aviso, lo que supone anular las opciones de casi todos los aspirantes y potenciar las de «unos pocos que pudieran ser avisados», por lo que entienden que la prueba se convirtió en una «exhibición de enchufismo».

Un portavoz oficial de la Diputación Provincial aseguró ayer que la institución aún no tiene constancia formal o documental de ninguna protesta. Además, la Corporación mantiene que el presidente del tribunal de la prueba de acceso, garante del cumplimiento de las normas, asegura que «los exámenes siempre estuvieron bajo custodia, una custodia ininterrumpida, y que no se han producido filtraciones de ningún tipo respecto a sus contenidos».