Rajoy acusa a Mas de minar el diálogo con sus «decisiones unilaterales»

Artur Mas, con su hoja de ruta para celebrar la consulta soberanista en Cataluña, está a punto de lograr un hito complicado, hacer perder la paciencia a Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo dice que lleva más de un año con la mano tendida y comienza a cansarse tanto como para hacer público su hartazgo. «Lo que veo desde aquí como presidente del Gobierno, y lo tengo que decir con absoluta claridad, es un continuo proceso de toma de decisiones unilaterales y así es imposible dialogar, como se puede entender», respondió ayer Rajoy en una comparecencia conjunta con el presidente del Consejo Europeo, José Manuel Durao Barroso, en la Moncloa.

Pese a que la oposición en el Congreso le reprocha su incapacidad para hallar un punto de entendimiento con Mas, Rajoy defendió que su forma de ser le obliga a intentar, una y otra vez, hallar un punto de entendimiento aunque las divergencias sean graves. «Lo que ocurre -explicó- es que aquí se están tomando decisiones unilaterales, una detrás de otra sin comunicárselas absolutamente a nadie y de esta manera unilateral es imposible dialogar».

La decisión que está detrás del último enfado de Rajoy con Mas es el paso que dio el Parlamento de Cataluña el pasado jueves al aprobar la petición al Congreso del traspaso de la competencia para poder convocar un referéndum de autodeterminación. Una iniciativa que está condenada al rechazo cuando se debata y vote en las Cortes Generales.

Pese a su oposición frontal con el fondo de la cuestión, el Gobierno no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento, según adelantó Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno alegó tras el Consejo de Ministros que la apertura de un proceso para reclamar una transferencia concreta al Estado, como el que hizo este jueves Cataluña, es una prerrogativa que contempla la Constitución en su artículo 150.2. Por ello, argumentó la número dos del Ejecutivo, no se puede actuar contra esta solicitud «porque no tiene valor jurídico», al menos hasta que no llegue de manera oficial al Congreso.

Un trámite que, según el Ejecutivo, quedará en nada ya que será rechazado por PP y PSOE. Además, recalcó que la competencia que anhela el Parlamento catalán es, por su naturaleza, competencia exclusiva del Estado.

Sáenz de Santamaría y Rajoy coincidieron en recordar una máxima que el Ejecutivo repite como una letanía: «La soberanía radica y la tiene el conjunto del pueblo español y solo el pueblo español puede disponer de ella».

Lo que sí hizo la vicepresidenta, tal vez por primera vez en público, fue reconocer que la independencia genera debate social en Cataluña, pero aseveró que el Ejecutivo tiene claro cómo actuar ante el desafío soberanista para impedir que este asunto se convierta en motivo de «enfrentamiento y división social» entre los españoles.

Aislamiento internacional

El Gobierno central y el PP llevan semanas haciendo hincapié en que una hipotética autodeterminación sumiría a Cataluña en el más severo aislamiento internacional. La Comisión Europea, como confirmó en Madrid su presidente, defiende que la eventual separación de una parte de un Estado miembro lo convertiría en un país tercero con respecto a la Unión Europea, es decir, que tendría que iniciar desde el principio el farragoso proceso de adhesión que, además, tendría que ser avalado por los 28 países miembros.

Un precepto que se aplicaría en el caso de Cataluña, pero también en el de Escocia, según apuntó Barroso. Rajoy apuntaló esta tesis con un informe del Gobierno del Reino Unido en el que constata que Escocia, además, también sería expulsada de Naciones Unidas, de todos los tratados internacionales y si perteneciera al euro -Escocia no, pero Cataluña sí- quedaría fuera de este sistema y no tendría el amparo del Banco Central Europeo, lo que dificultaría cualquier intento de financiación internacional.