Báñez exige que la política social de las empresas se haga «con cargo a sus beneficios»

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, puso pies en pared tras la revuelta de los empresarios contra la inclusión de diversas retribuciones en especie en la base de cotización, como los vales de comida, las aportaciones empresariales a los planes de pensiones o los gastos de guardería y seguros médicos. Tras el duro comunicado de las patronales CEOE y Cepyme reclamando la retirada del decreto aprobado en diciembre, la ministra contestó que la política social de las empresas deben hacerla «con cargo a sus beneficios y no con cargo al sistema de la Seguridad Social».

En declaraciones previas a su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, Báñez pidió «un poquito de responsabilidad» y señaló que «nadie entendería» que cuando comienza la recuperación económica las empresas que realizan algunas de estas políticas sociales (como los cheque bebé o las aportaciones a planes de pensiones) eliminen esa retribución en especie «en función de si cotizan o no a la Seguridad Social». También rechazó que, como argumentaba CEOE en su comunicado, la decisión del Gobierno vaya a destruir empleo. «No hagamos demagogia con estas cosas porque creamos una alarma injustificada», advirtió la ministra.

Sin embargo, los empresarios sí están alarmados por las consecuencias de la medida. La Asociación Española de Emisores de Vales de Comida (Aeevcos) cree que puede suponer la pérdida de más de 10.000 empleos en el sector. Los ticket-restaurante representan en estos momentos el 17,5% de la facturación total de la restauración y la asociación prevé que el número de trabajadores que lo utilicen se reduzca a la mitad, pasando de 600.000 a 324.000, al igual que la facturación directa generada, que bajaría de 1.056 millones a 556 millones. Según la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) se perderían 275.400 clientes diarios y 48 millones de comidas anuales.

La preocupación también existe en otros sectores, como el de planes de pensiones o seguros médicos, así como en las empresas en general ante el aumento de cuotas sociales al que van a tener que hacer frente. La inclusión de estos pagos en especie supondrá el aumento de al menos un punto en las cotizaciones, según los cálculos de CEOE. Sin embargo, la ministra de Empleo recalcó que «a mayor cotización, mayor protección social» y que esto beneficiará sobre todo a los «salarios medios y bajos». Si el pago en especie supone un incremento del 5% de la base de cotización (sobre la que se aplica un tipo conjunto del 28,30%) también representa un incremento del 5% en la cuantía de la pensión o de la prestación por incapacidad temporal, según el secretario de Estado de la Seguridad Social.

Críticas

Varios grupos parlamentarios criticaron la medida y la forma en la que el Gobierno la aprobó -mediante un decreto ley a finales de diciembre que será convalidado en el Congreso la próxima semana-. El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, señaló que cualquier incremento en las cotizaciones va en contra de la creación de empleo y destacó lo negativo que resulta que afecte a los planes de pensiones complementarios. Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, recalcó que se ha provocado «una alarma social enorme poniendo en riesgo empresas y puestos de trabajo». También el sindicato UGT apuntó en un comunicado que la cotización de retribuciones en especie va a suponer «nuevas pérdidas salariales» y obstaculizar la recuperación económica y el empleo, sin que solucione los problemas de ingresos de la Seguridad Social. La ministra alertó de que determinadas empresas estaban llevando al límite el pago en especie para evitar las cuotas a la Seguridad Social. «Hay trabajadores que no cotizan por el 30% de su salario», señaló; desde la Seguridad Social ponen como ejemplo la empresa que abonan en vales el trabajo de fin de semana.

Por otra parte, la titular de Empleo expuso que para la Garantía Juvenil se implantará un registro telemático específico en el que los jóvenes menores de 25 años parados y que hayan acabado sus estudios tendrán que solicitar el plan de ayuda (un contrato de trabajo a tiempo parcial o formación). A cada joven se le realizará un perfil completo que permita identificar las necesidades educativas o formativas, según la ministra, y será la base para decidir qué tipo de actuaciones, de entre las definidas en el catálogo, podrán ofrecerse. Hay alrededor de un millón de jóvenes menores de 25 años parados.

El Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas la extensión a los jóvenes de la Garantía Juvenil de todos aquellos incentivos a la contratación que ya están en vigor. En concreto, la reducción de hasta el 100% de la cuota durante un máximo de 12 meses en la contratación de jóvenes a tiempo parcial con vinculación formativa; la bonificación de 500 euros al año durante tres años (700 si el contrato se suscribe con mujeres) del programa 'Primer Empleo'; o los incentivos para la incorporación de jóvenes a cooperativas y sociedades laborales en calidad de socios.