El Constitucional suspende otra vez las expropiaciones andaluzas

Era lo previsto. Una vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó una impugnación el pasado 18 de diciembre contra la Ley de Medidas para la Función Social de la Vivienda de Andalucía, conocida como la ley antidesahucios, solo quedaba esperar a que el Tribunal Constitucional la admitiera a trámite, como hizo el pasado día 14, para que se suspendiera de forma automática y cautelar, ya que así lo establece la Carta Magna. El Constitucional no entra en el fondo de la ley andaluza y la suspensión no es definitiva. Por lo pronto, de alrededor de cinco meses, el tiempo que se concede el alto tribunal para deliberar si procede o no mantener la paralización hasta que se dicte sentencia.

Aún así, la orden es un duro revés al Gobierno de PSOE e IU, sobre todo para esta última formación, ya que se trata de su medida estrella. La paralización afecta a los apartados más polémicos: La expropiación temporal de viviendas en proceso de desahucio de familias en peligro de exclusión social; la sanción de hasta 9.000 euros a entidades bancarias que no pongan en alquiler pisos vacíos y la definición de casa deshabitada.

Desahucios pendientes

La suspensión deja en el aire el futuro de 37 familias (15 en Málaga y 3 en Granada) a punto de ser desalojadas de sus casas por impago, cuyos expedientes de expropiación a las entidades para que sigan en ellas al menos tres años están avanzados. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció que pedirá a los jueces que no ejecuten el desahucio mientras no haya una sentencia sobre el conflicto planteado por el Gobierno. Hay otras 115 peticiones cuyos trámites están muy embrionarios, por los que Fomento teme que no pueda ayudarles si el juez decide seguir con el embargo.

La suerte corre del lado de otras dos familias, las únicas que el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado por completado el expediente: la de María del Carmen Andújar, una limpiadora que cobra menos de 300 euros mensuales con dos hijos menores en el hogar y un marido en paro; y la de la familia de Omar Abattouy, cuyo hogar en Torremolinos fue el segundo expropiado. Cortés recordó que el recurso «no tiene efecto retroactivo».

Respecto a las sanciones a pisos vacíos, aún no se había iniciado ningún expediente. Todavía se está en el plazo de seis meses previsto desde que entró en vigor la ley, el pasado 9 de octubre, para que las entidades bancarias alquilen o den cuenta de los stock. Cortés reiteró que hay 700.000 casas vacías en Andalucía y que el objetivo de la ley es persuadir para que se alquilen y bajen los precios. Para la consejera de Fomento, Rajoy ha actuado «únicamente guiado por la defensa de la élite financiera y los especuladores». Acusó al Gobierno de «infinita cobardía», en alusión a que el pasado 13 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el recurso, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no hizo mención alguna al mismo en su comparecencia.

Es la segunda vez que el Constitucional suspende las expropiaciones andaluzas. Hizo lo mismo en julio con el decreto ley que recogía por primera vez esta medida y que fue recurrido también por Rajoy. A renglón seguido, el bipartito PSOE-IU tramitó las mismas medidas como ley por el Parlamento.

Los argumentos de Rajoy ahora son los mismos que en julio: Considera que la Junta se atribuye competencias estatales sobre «el derecho de propiedad de la vivienda». Cree inconstitucional la definición que hace de vivienda vacía porque choca con el principio de presunción de inocencia; También las sanciones a propietarios de viviendas vacías sin que resulte acreditado que dispuso de condiciones para el alquiler; Y, por último, sostiene que las expropiaciones discriminan.

El Constitucional da un plazo de 15 días para presentar alegaciones a la Junta, Parlamento, Congreso y Senado. Elena Cortés dijo que pedirá al alto tribunal que no agote los cinco meses para levantar la suspensión y reiteró que alegará con una ley de Cataluña de 2007 que también sanciona viviendas vacías y que nunca ha sido recurrida por el Gobierno de Rajoy o el PP.

Para Elena Cortés, la paralización de la norma «devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca» y «encarecerá la vivienda». La portavoz del PP en esta materia, Alicia Martínez, pidió a la Junta que «recapacite» y cambie la ley. El portavoz socialista Pedro Peñalver lamentó que los bancos «salgan beneficiados» frente a las personas.

Un día después de Botín

La suspensión se conoce un día después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, firmara una alianza con Emilio Botín, el principal banquero de España. Al acto no asistió ningún miembro de IU de su Gobierno. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, calificó de «usura» que el Santander conceda créditos al 5% cuando accede a fondos del Banco Central Europeo al 0,25%.