Los empresarios se enfrentan al Gobierno por las cotizaciones sociales

Hasta ahora, los empresarios han aplaudido las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy o, si no les gustaban, planteaban críticas moderadas. Hasta aceptaron con resignación la subida del IVA. Pero el real decreto ley de 20 de diciembre que incluye nuevos conceptos en la base de cotización a la Seguridad Social ha encendido los ánimos hasta el punto que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de las patronales CEOE y Cepyme han decidido, por unanimidad de todos sus integrantes, exigir al Gobierno que retire ese decreto. Los empresarios reprochan al Ejecutivo el «incremento continuo» que está realizando en las cotizaciones sociales y le advierten que, con ello, «está poniendo en riesgo la incipiente recuperación» y «mina la creación de empleo y la competitividad de las empresas».

¿A qué subidas en las cuotas sociales se refiere CEOE? Por ejemplo, al incremento del 5% en las bases máximas de cotización que ya se aprobó para el año pasado y se ha hecho también en este. Además, la incorporación de retribuciones en especie dentro de la base de cotización va a representar un coste añadido de «como mínimo un punto de cotización a la Seguridad Social», según un comunicado de la patronal, lo que representaría alrededor de 2.500 millones. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social calculó que ingresaría 900 millones más por ello, a lo que se suman otros 100 millones por las modificaciones en las cotizaciones de los autónomos que tienen 10 o más empleados o una sociedad.

Desde el pasado 21 de diciembre, fecha en la que entró en vigor el decreto, pagos en especie como los gastos de guardería, los planes de pensiones acordados en negociación colectiva, el seguro médico o el cheque restaurante deben incluirse íntegramente dentro de la base de cotización y pagar las cuotas correspondientes por ello. Los trabajadores que estén por debajo de la base máxima de cotización (3.425 euros al mes) y tengan pagos en especie de este tipo verán recortado su sueldo neto al aumentar las cotizaciones, de las que la empresa paga un tipo del 23,6% por contingencias comunes y el trabajador un 4,70%. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgós, cifró en 1,09 euros al mes el coste de media para cada trabajador y aseguró que «ninguna empresa va a reducir empleo porque tenga que aportar 4, 5 o 10 euros más al mes por un trabajador. Los que ya coticen por la base máxima no sufrirán cambios.

Junto con la retirada del decreto, CEOE reclama al Gobierno que constituya una comisión con los agentes sociales para «analizar detalladamente el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son». La patronal recuerda al Ejecutivo que una medida de este tipo, que afecta a las contribuciones sociales de empresarios y trabajadores «debería haber estado precedida de la preceptiva consulta « y no haberse realizado «de forma precipitada como ha sucedido».

Incapacidad laboral

Donde el Ministerio de Empleo sí cumplió con la preceptiva consulta fue en la elaboración del borrador de Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT) que amplía la capacidad de las mutuas en la gestión de las bajas por enfermedad común. El proyecto establece que las mutuas participarán en la gestión de las bajas desde el primer día; sus propuestas de alta médica serán aprobadas automáticamente si en un plazo de cinco días el facultativo de la Seguridad Social no la rechaza mediante respuesta motivada. Aunque siempre cabrá recurso ante la inspección médica del INSS.

Asimismo, se sustituirá el actual sistema de expedición de los partes médicos de confirmación -de periodicidad semanal- por otro que establece cuatro tipos de procesos en función de la enfermedad y su duración prevista con distintos periodos de expedición de partes, de manera que en unos casos, el trabajador tendrá que volver al tercer día y en otro puede que sea a los quince días o al mes. Los sindicatos critican el proyecto porque consideran que «culpabiliza» al trabajador por estar de baja. En 2012 el gasto por IT fue de 1.861 millones de euros y en 2013 se habrá situado previsiblemente en torno a los 1.700.