Los Albertos tendrán que pagar más de 11 millones por la estafa de Urbanor en 1988

Alberto Cortina y Alberto Alcocer tendrán que abonar 10,8 millones más intereses a los accionistas minoritarios de la sociedad Urbanor, a quienes engañaron a principios de 1988 con la venta de los terrenos de la zona norte de Madrid donde luego se construirían las llamadas Torres KIO. Así lo acordó ayer la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tras rechazar todos sus recursos.

Los magistrados argumentan que, si bien la sentencia con la que fueron condenados por los delitos de estafa y falsedad fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2008 al considerarlos prescritos -por abrirse la causa más de cinco años después de que se cometieran-, ello no eliminó la posibilidad de continuar las reclamaciones por la vía civil. De hecho, eso es lo que hicieron la familia San Martín y otros inversores afectados.

Sostienen, además, que el principio de «cosa juzgada» alegado por los Albertos no les exime de su responsabilidad contractual, «pues de lo contrario se generaría indefensión» para quienes fueron sus socios que, además, podrán percibir también los intereses devengados desde 1988. La clave, señala el fallo del Supremo, es que la anulación de la condena penal no elimina el «dolo» de ambos financieros, es decir, su voluntad «deliberada» de cometer un delito a sabiendas.