Los vecinos de Gamonal logran paralizar las obras del bulevar

El alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle, se vio obligado a dar marcha atrás tan solo dos días después de asegurar que por ningún motivo se paralizarían las obras del nuevo bulevar del barrio de Gamonal. Lacalle anunció ayer una suspensión temporal de los trabajos al no existir las condiciones suficientes de seguridad para que los operarios realicen su labor. Además, anunció la creación de una comisión en la que todos los colectivos implicados en la reforma podrán expresar su opinión sobre el futuro de la remodelación.

No obstante, el alcalde destacó que el proyecto no ha sido retirado y que solo se ha abierto un paréntesis para analizar la situación. También insistió en que no ha recibido presiones a la hora de decidir esta paralización. Durante su comparecencia, Lacalle cifró en 50.000 euros el coste de los daños causados durante las manifestaciones a lo que se sumaría el perjuicio a la imagen de la ciudad.

Por su parte, los vecinos manifestaron que no creen que el compromiso del alcalde sea real y por lo tanto mantienen las movilizaciones.

Las cinco jornadas de manifestaciones se han saldado con 46 detenidos, de los que dos fueron enviados a prisión por la juez acusados de un supuesto delito de desordenes públicos y daños. Uno de ellos salió en libertad tras abonar la fianza de 3.000 euros fijada por la magistrada mientras que los vecinos de Gamonal iniciaron una colecta para reunir la suma exigida para que el segundo pudiera hacer lo propio.

Críticas al Gobierno

El hecho de que casi la totalidad de los detenidos resida en Burgos llevó ayer a los partidos de la oposición a exigir a explicaciones al Gobierno por las palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en las que acusó a grupos itinerantes antisistema de ser los causantes de numerosos los disturbios callejeros.

Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso, acusó al Ejecutivo de usar como pretexto las protestas de Burgos para justificar su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla multas de hasta 600.000 euros por la participación en manifestaciones no autorizadas donde se cometan actos violentos. Esta valoración fue compartida por el diputado de la Izquierda Plural José Luis Centella, quien acusó al secretario de Estado de mentir a los ciudadanos.

Desde el PP su portavoz en la cámara baja, Alfonso Alonso, rechazó que su partido haya presionado al alcalde para que diera marcha atrás porque, argumentó, esta es una cuestión que afecta a la autonomía local. En las filas del PP solo la alcaldesa de Madrid opinó sobre los disturbios. «Condeno los atentados de Burgos», aseguró la regidora de la capital.