Territorio y Ciudad ratifica que Sancti Petri no puede ser suelo urbano

Después de la celebración el lunes del Consejo Económico y Social sobre el nuevo Plan General, junto al equipo redactor (Territorio y Ciudad), tanto PP como PSOE coincidieron en señalar que Manuel Fustegueras, director del mismo, afirmó en el encuentro que Sancti Petri no puede ser calificado como suelo urbano. En concreto, la delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, indicó que se basa en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En este sentido, la concejala del PVRE consideró que las declaraciones de Fustegueras «aclaran a la perfección la clasificación de estos terrenos de especial protección, en contra de lo exigido y afirmado por el PSOE chiclanero, que pretendía que fuera suelo urbano». A ello añadió que el nuevo documento urbanístico de la ciudad recoge «fielmente la realidad jurídica de Santi Petri, que divide el poblado en dos zonas: una que pertenece al Sistema General Portuario de la Junta de Andalucía, y otra considerada Dominio Público Marítimo-Terrestre, según la Dirección General de Costas, del Gobierno central».

Por parte del grupo socialista, el edil Jerónimo Andreu, señaló que Territorio y Ciudad «tampoco dio la razón al equipo de Gobierno». En este sentido, aseguró que el director del equipo redactor se dirigió a Marín para «indicarle que la clasificación de suelo no urbanizable no era la que él había aconsejado».

Ante las dos opciones planteadas, el edil planteó que su grupo continúa en desacuerdo con la actual clasificación porque «no se atiene a la realidad» y recordó que el PSOE «ofreció un pacto sobre el borrador del PGOU», en el que aparecía el poblado como Sistema General Portuario. Por el contrario, considera que ahora el equipo de Gobierno está «violentando la calificación del suelo» porque el «obstáculo de fondo» es que el proyecto «no cumple con la concesión administrativa».

Desde 30.000 euros

También en relación al nuevo Plan General, Andreu habló sobre los costes de regularización de viviendas. Mediante su análisis del documento, los socialistas creen que podría oscilar entre los 30.000 y 40.000 euros por cada una de las residencias del diseminado. No obstante, quiso aclarar que son «una interpretación» de números extraídos del PGOU y por ello espera que el Ejecutivo local los «corrija o aclare si serán así».

Preguntado por este tema, Ernesto Marín emplazó al PSOE a aclararlo en la Junta de Portavoces prevista para celebrarse en torno a este tema en la tarde de ayer. Lo que sí aseguró que es que la elaboración del texto urbanístico «se está impregnando de transparencia».

Jerónimo Andreu señaló que la regularización se trata de una «aventura titánica que va a durar generaciones», añadiendo que estas viviendas suponen «más del 50% de la mancha urbana de Chiclana y con unas condiciones muy por debajo de las del resto».

En concreto, el socialista señaló el coste de 31.103 euros, que agregándole un 30% de costes indirectos (IVA, beneficio industrial o gastos profesionales), alcanzaría los 40.434 euros por vivienda. Todo ello, incluyendo urbanización interior y exterior, así como la infraestructura eléctrica, del ciclo integral del agua o las de nuevas telecomunicaciones. Al respecto, agregó que en el encuentro del lunes, Fustegueras habló de «cifras de operaciones concretas, según su equipo; una de 19.200 y otra de 28.000 euros». Con todo esto, Andreu solicito al equipo de Gobierno «luz» sobre el tema.