No son víctimas

El fenómeno de la construcción ilegal fue un negocio muy lucrativo en esta provincia donde llegaron a levantarse miles de viviendas fuera del ordenamiento urbano en la etapa dorada del ladrillo. Varios son los responsables de que una práctica ilegal, que según nuestras leyes está tipificado como delito, se extendiera a la vista de todos. Por un lado, los responsables de velar por la legalidad urbanística dentro de sus municipios. Los ayuntamientos miraron para otro lado, consintieron e incluso hubo alcaldes, hoy condenados, que autorizaron licencias contraviniendo las normas. Esa dejadez explica que en esa manga ancha se colaran también las grandes mansiones levantadas con el dinero del narcotráfico en suelos no autorizados. No se tiraban ésas ni las del vecino ejemplar que creía no estar cometiendo delito alguno.

También es responsabilidad de este desmadre aquellos que engordaron la oferta con su interés por adquirir una vivienda sin importarles mucho que estuviera en suelo rústico; o aquellos que decidieron ponerse manos a la obra y edificaron su propia casa (rara vez hablamos de pisitos modestos). Todos ellos se arriesgaron y la mayoría salió bien parado, porque los ayuntamientos, en lugar de haber parado a tiempo esta locura del ladrillo, hacer cumplir con las normas -como así lo hicieron los que la acataron y pagaron sus impuestos y obligaciones tributarias desde el inicio-, tras hacer oídos sordos, optaron por abrir grandes procesos de regularización e incorporar esos parques inmobiliarios a las zonas urbanas de los respectivos municipios.

Y por último, también son culpables los bancos que financiaron con sus hipotecas este fenómeno. Por todas estas razones, no se entiende que alguno pretenda ir ahora de víctima.