La lentísima reforma financiera de EE UU

De las tres grandes reformas prometidas por Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca, quizá la más urgente era la que afectaba a la reestructuración del sistema financiero dado el calamitoso estado de la economía tras la hecatombe que sobrevino a la caída de Lehman Brothers. El presidente prometió que los bancos estadounidenses -los grandes responsables de la crisis- no quedarían impunes si volvían a emplear alegremente el dinero de sus clientes en hipotecas basura, mercado de derivados o cualquier otro artificio especulativo susceptible de propiciar otro cortocircuito de semejante calibre. Nadie en Wall Street osó levantar la voz en aquellos días oscuros y se dio por hecho que el nuevo marco regulatorio estaría listo antes que la ambiciosa reforma sanitaria o la también compleja reforma migratoria.

Justo un año más tarde, en enero de 2010, los legisladores Chris Dodd y Barney Frank entregan en el Despacho Oval el borrador de la Ley de Reforma de Wall Street y de Protección del Consumidor. Imbuida en la misma filosofía que la legislación que transformó el papel de la banca tras la Gran Depresión, las 400 reglas que integran la norma estaban pensadas para devolver al regulador todo el poder perdido desde la era Reagan. En julio de aquel año, la Ley Dodd-Frank era una realidad gracias al control demócrata de ambas cámaras del Congreso. Otra suerte muy distinta correría su aplicación.

Ha habido que esperar al recién concluido diciembre para que la parte más significativa de la norma -la denominada Regla Volcker- sorteara los últimos obstáculos legales y recibiera el visto bueno de cinco agencias federales. Por el camino, los poderosos lobbies de Wall Street han movido cielo y tierra para desnaturalizarla. «Este retraso de tres años y medio, unido al hecho de que dos tercios de las leyes están aún inacabadas, da una idea del dominio de los bancos sobre el sistema político», subrayó recientemente el periodista económico Barry Grey.

Llegados a este punto, las valoraciones difieren. Aun aceptando que la Regla Volcker -elaborada por el que fuera presidente de la Reserva Federal entre 1979 y 1987- es una versión suavizada del primer borrador, sus defensores creen que es una herramienta potente para forzar a la gran banca a cambiar sus métodos de hacer negocios. Por ejemplo, los bancos con depósitos asegurados por el Gobierno Federal tendrán restricciones en las actividades de inversión de riesgo realizadas en beneficio propio, una práctica conocida como 'negociación por cuenta propia'. La norma también les prohíbe tomar participaciones de propiedad en fondos de cobertura y fondos de capital privado.

La mayoría de los grandes bancos ya han cerrado sus áreas de negociación por cuenta propia, que funcionaban como fondos de cobertura internos. El problema es que incluso fuera de esas áreas puede ser difícil decir cuándo una operación es realizada para crear mercado y cuándo se hace con fines meramente especulativos.

Cuando mandaba Clinton

Los fundamentos de la Regla Volcker han sido extraídos en su totalidad de una medida aún más poderosa, la Ley Glass-Steagall ideada por el Gobierno de Franklyn Roosevelt en 1933 para separar la banca comercial y de inversión, y que fue derogada por el Congreso en 1999 cuando gobernaba Bill Clinton. Es ese paralelismo en la filosofía lo que hace pensar a Obama de las cosas van por buen camino. «Con la regla Volcker será ilegal que los bancos utilicen dinero asegurado por el Gobierno para hacer apuestas especulativas que amenazan a todo el sistema financiero».

Los críticos creen que la letra pequeña de la ley es ambigua y deja vacíos jurídicos que permitirán a los pesos pesados de Wall Street -como JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs- especular con los depósitos garantizados y otros fondos de sus clientes. «La Ley Glass-Steagall establecía un claro muro entre los bancos comerciales y la banca de inversión. No hay nada en la Regla Volcker, ni en el resto de la Ley Dodd-Frank, que se acerque a las restricciones que operaron en los bancos entre 1933 y 1999», apunta en un artículo reciente el profesor de derecho de la Universidad de Duke, Kimberly Krawiec.

La ley, de 70 páginas más un prólogo de 900, ha sido objeto de un intenso debate, como lo muestran las 18.000 cartas enviadas a los reguladores por miembros de la profesión. Los tres reguladores bancarios -la Reserva Federal, la Corporación Federal de Garantía de Depósitos y la Oficina del Controlador de la Moneda-, así como las agencias que controlan los mercados -la Comisión de Bolsa y Valores, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas-, «trabajaron intensamente para superar las numerosas dificultades y responder a las inquietudes de la gente», destacó el jefe de la Fed, Ben Bernanke.

Pese a las bendiciones recibidas, se ha llegado a un consenso para retrasar su aplicación hasta el mes de julio de 2015, tres años más tarde de la fecha estipulada cuando se aprobó. En este tiempo, los bancos y sus poderosos equipos jurídicos podrán seguir buscando maneras de que la ley les haga el menor daño posible. «Y si no encuentran vías de salida que les satisfagan, iniciarán litigios para bloquear toda o parte de la medida», comenta Barry Grey.