Todas las fuerzas nacionalistas vascas desafían la prohibición de la marcha por los presos de ETA

Con una marcha silenciosa esta tarde por el centro de Bilbao, un lema más neutral y la representación de todas las fuerzas nacionalistas vascas, PNV y Sortu mostraron ayer su unión para responder, en un gesto con escasos precedentes, a la prohibición de la manifestación en favor de los presos de ETA ordenada horas antes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a pesar de que una primera valoración del juez Pablo Ruz no vio motivos para impedirla.

El magistrado se sumó a las tesis de la Fiscalía y la Guardia Civil, y alegó que los organizadores, la plataforma Herrira a través de su sucesora 'Tantaz tanta' ('Gota a gota'), tiene su actividad suspendida desde septiembre, como consta en el sumario que él mismo investiga, por tratarse de forma indiciaria de un «grupo terrorista». Es decir, considera que ocupa «el vacío dejado» por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, señaladas por la Justicia como parte de ETA.

Esta resolución no era una decisión cualquiera. Velasco, juez de tendencia conservadora, impedía por vez primera la marcha anual en favor de los presos etarras que los colectivos afines venían realizando desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, en octubre de 2011. En las dos ocasiones anteriores, enero de 2012 y 2013, habían sido autorizadas por la Audiencia Nacional y no se habían producido incidentes. Es más, la del pasado año fue convocada por Herrira. Pero la operación policial dirigida por Velasco a finales de septiembre, que se saldó con 18 detenidos integrantes del colectivo abertzale, que luego quedaron en libertad condicional, lo cambió todo.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en la plataforma 'Tantaz tanta', que había preparado con mucha antelación el acto y contaba con la presencia de unos 300 autobuses en Bilbao. El objetivo era hacer una demostración de fuerza para convertir las calles de la capital vizcaína en «la mayor ocupación de espacio público de la historia reciente» de Euskadi.

Buscaban reclamar al Gobierno central el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas, en sintonía con el comunicado del colectivo de reclusos de la banda terrorista (EEPK) del 28 de diciembre. Ese día asumieron toda su responsabilidad «sobre las consecuencias de sus acciones» y «el sufrimiento y daño multilateral generados», y se mostraban partidarios de estudiar el acatamiento de la legislación penitenciaria que conllevara el cumplimiento de sus condenas. Un paso sin precedentes para las fuerzas políticas vascas, a excepción del PP, que no apreció cambio alguno.

Excepcionalidad

En este contexto se entiende la respuesta que dieron PNV y Sortu, apoyados por Eusko Alkartasuna, Alternativa, Aralar o los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, para contrarrestar la prohibición del juez Velasco con la convocatoria de otra marcha. El lema será 'Giza Eskubideak. Konponbidea. Bakea' (Derechos humanos. Solución. Paz), más neutral que el que proponía la convocatoria fallida, que se refería específicamente al regreso a Euskadi de los presos vascos. La nueva marcha partirá a las 18.00 horas del polideportivo La Casilla y el recorrido será casi idéntico al previsto por 'Tantaz tanta'.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el de Sortu, Hasier Arraiz, comparecieron pasadas las siete de la tarde de ayer para leer un manifiesto «excepcional» en respuesta a una «situación excepcional», en referencia a la prohibición de la marcha.

«Frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas, todos los aquí reunidos expresamos nuestra voluntad de fortalecer el nuevo escenario que se ha abierto en nuestro pueblo y a tomar las medidas necesarias para consolidarlo, tal y como hacemos en el día de hoy -por ayer-», indicó el líder del PNV, que llamó a la sociedad vasca a acudir hoy y «a trabajar de forma conjunta en la consecución de los objetivos que se recogen en su lema». La inusual foto del presidente del PNV con representantes de izquierda abertzale solo tiene antecedentes en los años del pacto de Lizarra, suscrito en 1998 entre los nacionalistas vascos y Herri Batasuna.

El Gobierno vasco anunció que no acudirá a la manifestación silenciosa aunque consideró que la decisión de Velasco es ««incomprensible para la sociedad vasca» y «muy grave», en palabras de su portavoz, Josu Erkoreka.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo solicitó, a su vez, ante la Audiencia Nacional la prohibición del acto porque se trata de «una actuación en fraude de ley cuyo único objeto es eludir el cumplimiento de la resolución» dictada por el juez Velasco. El colectivo recuerda que la nueva convocatoria es idéntica a la prohibida, no tiene otro objetivo que eludir la autoridad judicial y supone ofensa para las víctimas del terrorismo. La decisión final recaerá en el juez de guardia de la Audiencia Ismael Moreno.