La Justicia avala la suspensión de la privatización de la sanidad madrileña

Todos los hospitales públicos madrileños continuarán dependiendo de la Consejería de Sanidad. El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó ayer por mayoría la devolución a sus salas de origen de los recursos que afectan a la externalización sanitaria en la comunidad autónoma.

La medida, apoya por 30 de los 44 magistrados que integraron el pleno, supone revocar la decisión acordada en su día por el entonces presidente de la sala, Gerardo Martínez Tristán -hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial-, que acordó agrupar los siete recursos para evitar disparidad de criteros entre las dos secciones del tribunal que tenían que resolverlos.

De esta manera, todos los recursos se devolverán a sus secciones respectivas, la Tercera y Octava. La Sección Tercera, que lleva seis recursos, fue la que acordó suspender el procedimiento a solicitud de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). De esta manera será la que resuelva sobre si levanta o no la medida de suspensión cautelar que pesa sobre el proceso. Si mantiene el criterio en el que se basó entonces, como parece probable, el proceso de privatización quedará interrumpido.

Con esta resolución, el TSJM mantiene en suspenso la adjudicación de seis hospitales del sistema de salud madrileño a tres empresas, tal como el Gobierno regional otorgó el pasado mes de agosto.

Fuentes jurídicas explicaron que durante la reunión, que se prolongó durante unas dos horas, los magistrados «no abordaron siquiera el fondo de los recursos». Los catorce jueces que no apoyaron el acuerdo anunciaron que explicarán su postura a través de votos particulares, aunque no todos ellos se opusieron a la devolución de los recursos a las secciones.

Vuelta al inicio

Con esta decisión, una vez notificada la resolución a las partes, las secciones deberán reiniciar la tramitación de los recursos, tal como los dejaron el pasado mes de septiembre, tras el recurso de la AFEM.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM suspendió de esa manera la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios: «Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Isabel, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo».

De esa manera, la Sección Tercera respaldaba la orden de suspensión cautelar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, tal como solicitaba la AFEM. Es significativo que en aquella resolución, los magistrados de la Sección Tercera subrayaban que la asociación de facultativos «está legitimada para presentar el recurso» contencioso-administrativo, en contra de lo que defendía la Comunidad de Madrid. Además, los jueces ponían de relieve que de no aceptarse la medida cautelar solicitada «podrían darse situaciones irreversibles o de difícil y costosa reversibilidad en la asistencia sanitaria madrileña».

En el futuro podría pesar el criterio que fijó la Sección Tercera, al explicar que, «sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión de sanidad elegido», la modificación del sistema de gestión de la atención sanitaria especializada de seis hospitales «es de unas dimensiones tan extraordinarias» que «harían muy difícil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso volver a la situación anterior».

Las mismas fuentes consultadas explicaron que todas estas decisiones no afectan a las diligencias abiertas contra el proceso ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid (diligencias previas 2052/2013), ni al recurso de inconstitucionalidad presentado.

Según AFEM, la privatización afecta a 5.128 profesionales (sanitarios y no sanitarios) que trabajan en los seis hospitales -con 1.149 camas-, cuatro centros de especialidades y cuatro centros de salud mental que dan servicio a 92 municipios más dos distritos de Madrid, con 1.151.588 habitantes.

Poco después de conocerse la resolución, el secretario general del Partido Socilista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, mostró su satisfacción. Para el lider de la formación socialista y una de las partes recurrentes, el acuerdo del TSJ representa la «desautorización» del presidente de la Comunidad, Ignacio González, a quien reclamó que «aparque» la privatización. Gómez apuntó que el criterio de los jueces es el de «la mayoría de los madrileños»