Nuevo golpe a los islamistas egipcios

La justicia egipcia condenó ayer hasta a tres años de cárcel a 113 miembros de los Hermanos Musulmanes por participar en manifestaciones ilegales que acabaron en enfrentamientos violentos con la Policía, el mayor golpe judicial a las bases de la hermandad desde que las nuevas autoridades iniciaran una campaña de represión del grupo islamista. Acorralados en la esfera política y social y con su cúpula en la cárcel, los seguidores de la Cofradía han mantenido, sin embargo, su pulso en las calles casi diariamente desde el golpe de Estado que derrocó a Mohamed Mursi, protestas que habitualmente terminan con sangre.

De los condenados ayer, 87 deberán pasar tres años en la cárcel y pagar una multa de 50.000 libras egipcias (5.300 euros) por participar en manifestaciones ilegales en los barrios cairotas de Zeitun y Hadaiq al-Quba, así como por atacar a las fuerzas de seguridad y cometer actos de vandalismo.

Otros 26 estudiantes de la universidad de Al- Azhar se enfrentan a penas de entre seis meses y dos años de prisión por «pertenecer a una banda terrorista» y causar disturbios. Desde que se aprobara el pasado noviembre la polémica ley de manifestaciones, toda concentración en la calle de más de 10 personas que no haya sido aprobada por el Ministerio del Interior con tres días de antelación es considerada una protesta ilegal, lo que permite a la Policía dispersarla utilizando los medios que considere oportunos.

La ley, que muchos analistas consideran que se ha cortado a medida para impedir el acceso a la calle a los Hermanos Musulmanes, también se ha cebado con los opositores laicos y ha logrado procesar a sus principales líderes juveniles, las caras más reconocibles de la revolución de 2011 como el fundador de movimiento 6 de Abril, Ahmed Maher, o el activista Alaa Abdel Fatah.

El pasado diciembre, el Gobierno interino declaró a los Hermanos Musulmanes «grupo terrorista» después de atribuirle la autoría de un atentado suicida contra una comisaría en el que murieron 15 personas, y a pesar de que el grupo yihadista Ansar Beit a Maqdis, con base en el Sinaí, se declaró culpable del ataque.

Pena de muerte

La designación de terroristas ha permitido a las autoridades endurecer la represión y las condenas contra sus simpatizantes y miembros que podrían ser condenados, como podría ocurrir por ejemplo con su cúpula, a la pena de muerte. Esta decisión no solo ha afectado a lo seguidores de la Cofradía, sino que también ha golpeado a periodistas que se habían reunido o habían entrevistado a miembros de la hermandad. Hasta cinco reporteros del canal catarí Al Yasira permanecen detenidos, algunos de ellos acusados de adhesión a un grupo terrorista y de difundir información falsa para dañar la seguridad del país.