El desliz de Interior echa por tierra meses de investigación sobre ETA

Tres meses de vigilancias e investigaciones echados por tierra en cuestión de minutos. El enfado en los servicios de Información de la Guardia Civil es enorme con el Ministerio del Interior. Constataron que seis de los ochos detenidos en la operación contra el 'frente de makos' de ETA se emplearon a fondo en destruir todo tipo de documentos después de que una indiscreción del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz les alertara de que iban a ser detenidos de forma inminente. Y, lo que es más grave, supieron que los efectivos del instituto armado iban a irrumpir en el bufete en el que tiene el despacho la abogada Arantza Zulueta para practicar un registro.

Según explicaron ayer fuentes de la lucha antiterrorista, tras el desliz de Interior, las pesquisas de la Guardia Civil sobre el denominado 'KT' (Koordinadora Taldea), el supuesto nuevo colectivo de ETA para controlar a sus presos, se van a retrotraer en la práctica a septiembre de 2013, cuando se inicio la actual investigación tras la operación contra Herrira, la suspendida asociación de apoyo a los reclusos de la banda terrorista. Todo ello porque buena parte de los ordenadores encontrados en los despachos del número 20 de la calle Elcano de Bilbao, verdadero objetivo de la operación 'Xake' desatada el miércoles, habían sido manipulados solo minutos antes de la llegada de los agentes. Varias de las computadoras habían sido formateadas. Aun así, los funcionarios se llevaron media docena de ordenadores para intentar recuperar parte de esa información, entre ellos las máquinas usadas por la propia Zulueta y otro de los detenidos, el también abogado Jon Enparantza.

Mandos al frente de la redada explicaron que el tuit y la nota de prensa de Interior, difundidos a las 15:06 horas, hicieron precipitar la operación, cuyo inicio no estaba previsto hasta después de las 16.00 horas. Aunque los agentes, la mayoría todavía acantonados a esas horas en el cuartel de La Salve, se movilizaron a toda prisa no pudieron llegar al despacho hasta pasadas las 15.30 horas. De hecho, los primeros en irrumpir en el bufete fueron agentes de paisano que se encontraban de vigilancia estática en la zona.

Para entonces, Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aiziber Sagarminaga, José Luis Campos Barandiarán, Egoitz López de la Calle y José Miguel Almandoz habían tenido casi media hora para manipular los ordenadores, destruir documentos físicos y ocultar archivos en los otros despachos del bufete de la calle Elcano, quizás también en el del abogado de presos de ETA y senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, que comparte ese local profesional. El juez Eloy Velasco autorizó ayer la entrada en ese despacho para comprobar si los detenidos habían intentado ocultar allí parte de los documentos. No obstante, el registro no se consumó porque el magistrado había dispuesto que el senador, por su condición de aforado, estuviera presente, pero Goioaga no pudo ser localizado. Al final, la habitación quedó precintada a la espera de encontrar al parlamentario. Durante la noche del miércoles y la mañana del jueves los funcionarios sí que fueron rastreando uno a uno los despachos del bufete, de donde se llevaron 21 ordenadores portátiles, siete de sobremesa, dos tablets, doce discos duros, 42 pendrives, 28 tarjetas de memoria, trece móviles, tres impresoras y 2.800 euros.

¿Primera víctima?

La filtración por parte del Ministerio del Interior de la operación, entre tanto, podría cobrarse en breve su primera víctima. El director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, Alberto Gimeno, puso su cargo a disposición de Jorge Fernández.

Gimeno -hombre de absoluta confianza de Fernández, quien le llevó de Cataluña a Madrid cuando el político catalán fue nombrado ministro enero de 2012- es el máximo responsable del departamento de prensa, de donde salieron los tuits y la nota informativa. Según explicaron fuentes del Gobierno, en el Ejecutivo no se vería con malos ojos la salida de Gimeno.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, decidió abrir ayer una investigación -«diligencias informativas»- para averiguar por qué el equipo de Comunicación del Ministerio del Interior informó de la redada antes de que siquiera comenzara. El departamento que dirige Javier Zaragoza pidió a la Secretaría de Estado para la Seguridad que elabore un informe sobre la causa de la famosa nota de prensa.

No obstante, fuentes de la Fiscalía ya anticiparon que «es muy probable» que esta investigación termine archivándose. Estas mismas fuentes explicaron que Interior ya ha informado de manera extraoficial que la causa de la filtración se debió exclusivamente a un «error humano», sin ningún tipo de intencionalidad. Ni siquiera la de que los informativos de mediodía se hicieran eco.