Detenidos los organizadores de los últimos actos de apoyo a presos de ETA

Once días después del comunicado de los presos de ETA, cinco días después del acto del EPPK en Durango y en vísperas de la manifestación de apoyo al acercamiento de los reclusos terroristas del sábado en Bilbao, la Guardia Civil golpeó lo que denomina el reconstituido «frente de makos» (frente carcelario) de la banda, la única estructura todavía activa en España. Los agentes detuvieron ayer a ocho personas, entre ellos los conocidos abogados de presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en una redada que, según el ministro Jorge Fernández Díez, iba dirigida a neutralizar «el tentáculo» de ETA en las prisiones.

Además de los dos letrados, en la denominada 'operación Xake' fueron arrestados los expresos de ETA Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren. Todos ellos son parte del grupo de miembros de la izquierda abertzale que se creó en julio de 2012 y que se proclamó interlocutor con los reclusos terroristas a fin de promover contactos con agentes políticos nacionales e internacionales para buscar una salida a los presos. Ese grupo se hace llamar 'KT' (Koordinadora Taldea) y los ocho arrestados son «miembros permanentes» de esa plataforma, que, a su vez, forma parte Colectivo de Presos Político Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera).

Casi todos los detenidos están detrás de la convocatoria del acto el pasado sábado en el Kafe Antzokia de la localidad vizcaína de Durango, en el que participaron varios excarcelados recientemente tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Estrasburgo y que no fue anulado por el juez Santiago Pedraz, a pesar de la insistencia de los colectivos de víctimas. De hecho, Sagarminaga fue la persona que alquiló el local y la propia Zulueta posó junto a varios de los veteranos miembros de ETA que participaron en aquella polémica reunión.

El despacho de Zulueta, en el numero 20 céntrica calle Elcano de Bilbao, fue el epicentro de la redada policial. Allí, pasadas las 15.30 horas fueron arrestados seis de los ocho detenidos, que en ese momento tenían previsto mantener la reunión semanal del 'KT'. De manera paralela, otros agentes irrumpieron en otra sede con la que cuentan los abogados de la banda en el municipio guipuzcoano de Hernani y en sendos domicilios de San Sebastián, uno de ellos ante el domicilio del abogado Jon Enparantza en el barrio del Antiguo.

El objetivo del los agentes, además de los arrestos, era la incautación de documentación del 'KT'. Sin embargo, debido a la indiscreción de Interior (ver recuadro adjunto), cuando llegaron los funcionarios al despacho de Zulueta varios de los detenidos estaban delante de los ordenadores, supuestamente destruyendo archivos.

«El tentáculo»

El ministro del Interior aseguró que tras la captura de los ochos sospechosos quedaba desarticulado «el tentáculo que permitía a ETA controlar al grupo de presos que están cumpliendo condena». Mandos de la lucha antiterrorista insistieron en que los arrestados eran miembros del 'frente de makos' de los terroristas y tenían como misión transmitir a los 515 presos en cárceles de España y Francia las consignas de la banda y obligar a los reclusos a mantenerse fieles a la ortodoxia de la organización. Las detenciones, explicaron las fuentes, son fruto de una larga investigación que se inició el pasado septiembre a raíz de los documentos incautados en la operación contra Herrira, la plataforma de apoyo a los presos, supuesta heredera de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía.

La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, es un calco casi exacto de la que desarrolló, también la Guardia Civil en abril de 2010 contra el denominado colectivo H-Alboka. En aquella redada, dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska y que contó con la colaboración del CNI, fueron arrestados nueve militantes de la izquierda abertzale, entre ellos Zulueta y Enparantza. La Guardia Civil y el entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, les acusaron de ser la «correa de transmisión» entre ETA y sus presos. La letrada quedó en libertad en diciembre de ese año. Posteriormente volvió a ser arrestada en julio de 2011 y salió en libertad provisional en septiembre de 2012 tras pagar una fianza de 60.000 euros.