Un negro inicio del año

No por esperado, el mazazo de la nueva imputación de la infanta Cristina por parte del juez José Castro golpeó con menos fuerza en la moral ya resentida de la Corona. Esta vez, desde la Zarzuela renunciaron a hacer visible su malestar y se limitaron a replicar con una escueta y aséptica declaración de «respeto» hacia las decisiones del magistrado. Pero sólo hace falta recordar las palabras del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que hasta en dos ocasiones a lo largo de este año ha calificado de «martirio» la instrucción del 'caso Nóos', para evidenciar que, como en tantos otros asuntos, la procesión va por dentro.

El hecho de que un miembro de la Familia Real se vea en situación de rendir cuentas ante un juez por haber indicios de que haya cometido los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal es ya por sí motivo de preocupación. Por excepcional y por grave. Pero la noticia llega además en un contexto complicado para la institución que encarna don Juan Carlos de Borbón, incapaz de salir a flote, a pesar de sus muchos intentos de recomponer el tipo, para remontar la crisis de credibilidad en la que permanece sumida desde hace ya más de tres años.

En ese tiempo, concurrente con una grave recesión económica que ha sacudido los cimientos de la democracia española, la Casa del Rey ha probado fórmulas inéditas de relación con la opinión pública en una suerte de ensayo y error. Sigue considerando un acierto la petición pública de perdón del Monarca, con aquel «no volverá a suceder», tras la cacería de Botsuana. Pero ahora admite que se equivocaron cuando, en abril del pasado año, se hizo llegar a todos los medios la «sorpresa» ante la decisión del juez, posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Palma, de imputar por primera vez a doña Cristina.

Entonces, desde la Zarzuela se insistió también en la coletilla del «respeto a las decisiones judiciales», pero en su mensaje quedaba patente el tono contrariado e incluso un cierto malestar hacia el titular del juzgado número 5 de Palma de Mallorca que, en un auto del 5 de marzo de 2012, es decir, un año antes, había descartado llamar a declarar a la hija menor de don Juan Carlos. De modo implícito le afearon el «cambio de posición», mientras expresaban su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de recurrir. Aquella manera de enfrentarse al complicado asunto le valió un aldabonazo, no ya de fuerzas políticas antimonárquicas, sino del PSOE, sostén fundamental de la actual monarquía. Su número dos, Elena Valenciano, llegó a reclamar incluso neutralidad.

Igualdad ante la ley

Esta vez se ha optado por la cautela y por dejar que sea el abogado de la infanta, el padre de la Constitución Miquel Roca Junyent, el encargado de hacer las declaraciones oportunas. El veterano jurista admitió que el nuevo auto del juez Castro es más «extenso y acotado» que el anterior, pero argumentó que sigue careciendo de fundamento, que tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria mantienen que no hay delito y que, por lo tanto, lo recurrirá. «La Justicia es igual para todos --añadió-, y es lo que reclamo».

Esas últimas palabras contienen una queja implícita. Queja manifestada por fuentes del entorno de la Familia Real hacia el juez instructor, al que ven casi «obsesionado» con la duquesa de Palma. El propio Spottorno se lamentó abiertamente, en la entrevista emitida por TVE este fin de semana, de lo largo que está siendo el proceso. El goteo de pruebas complica a don Juan Carlos la tarea de restaurar su imagen, pero tampoco ayudan a ese fin los contínuos achaques del Monarca, con 76 años recién cumplidos. Su reaparición en la Pascua Militar del domingo, y sus dificultades para leer el discurso y para caminar pusieron de manifiesto sus problemas de movilidad y su cansancio.

En los planes de la Zarzuela, 2014 debía haber comenzado con una exhibición de vigor. Y ya van dos estocadas en apenas dos días. Una al padre y otra a la hija.