El juez vuelve a poner contra las cuerdas a la hija del Rey y la cita el 8 de marzo

El magistrado José Castro convirtió el auto de citación de la infanta Cristina casi en un escrito de acusación. En su obsesión por argumentar hasta el último detalle la necesidad de escuchar como imputada a la hija del Rey de España el 8 de marzo, el instructor desgrana a lo largo de 227 páginas todos y cada uno de los indicios que en los últimos nueve meses ha recopilado contra la esposa de Iñaki Urdangarin y que le llevan a asegurar que la duquesa pudo cometer un doble delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Todo ello, a través de Aizoon, la sociedad de la que era copropietaria junto a su marido y que, al final, se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de doña Cristina. «La infanta se prestó a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales», concluye el magistrado.

Pruebas para, al menos, «oírla»

Es un «deber» del juez

El primero de los argumentos de Castro es que para él es un «deber inexcusable» como juez de instrucción el «oír» a la infanta en sede judicial en cuanto existen «indicios fundados de culpabilidad contra ella». Argumenta que no hacerlo con las pruebas ya existentes en este sumario sería tanto como prevaricar. Rechaza que tenga que tener un «especial cuidado», como reclaman algunas partes del proceso, en imputar a la hija del Rey por estar «vinculada» a una «institución central del Estado». «Estaríamos bendiciendo la institucionalización de imputaciones especialmente cuidadosas frente a otras que no lo son, simplemente por la diferente repercusión social de la imputación». Castro recuerda que se trata exclusivamente de escuchar su versión. «No parece que a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto», insiste.

«Aquiescencia»

«Miró para otro lado»

Para el juez, la cascada de irregularidades fiscales que cometió Aizoon hubiera sido imposible si la infanta no hubiera «mirado para otro lado». Según Castro, Iñaki Urdangarin «difícilmente» pudo haber defraudado a Hacienda «sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia» de su mujer. El instructor cree imposible que la infanta, una persona de «solida formación», no estuviera «alertada» de las supuestas irregularidades que cometía su esposo, máxime cuando desde 2006 sus negocios ya fueron objeto de debate en la cámara balear. Además, nunca usó su «paritario potencial participativo» en la sociedad -era propietaria del 50% de las acciones- para frenar los delitos. Al contrario, «hay sobrados indicios de que colaboró activamente» en los fraudes, apunta el juez en su texto.

Rentas mobiliarias ilícitas

Jamás declaró por Aizoon

Castro reconoce que, examinadas hasta el último detalle sus declaraciones por «rendimiento del trabajo» -sueldo en La Caixa y «retribuciones» de la Casa Real- no hay indicio de delito alguno. No así en sus declaraciones por rendimiento de «capital mobiliario». Y ahí está la clave: según el instructor, porque la infanta jamás «declaró fiscalmente dividendo alguno» por su participación en Aizoon. Una argucia fiscal, entiende el juez, porque la sociedad, sobre el papel, jamás repartió «dividendo entre sus partícipes» y todos los beneficios se dedicaban a «remanente». Pero la realidad era otra porque los dos socios ingresaron beneficios de Aizoon a través de la continua «sobrecarga de gastos personales» a las cuentas de la sociedad por conceptos «que ni por asomo guardaban una mínima conexión con la actividad profesional de Aizoon».

Pagos de la infanta

Doble fraude

Para Castro, está claro que las facturaciones por gastos personales que la duquesa cargó a Aizoon supusieron una «doble defraudación» dado que «por una parte se trata de ingresos por lo que nunca tributó en sus declaraciones de IRPF; por otra, y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo», apunta.

Viajes, hoteles y decoración

Gastos personales

El fraude, explica el magistrado, se materializa con la carga a Aizoon de esos gastos «estrictamente personales» de los duques como viajes al extranjero, comidas, regalos, fiestas, sesiones de liderazgo, rehabilitación y decoración del palacete de Pedralbes. El auto hace referencia a «infinidad» de compras y servicios, muchos de los cuales «fueron contratados directamente» por la infanta «a sabiendas de que se repercutirían a Aizoon». «Todo indica que Cristina de Borbón debió participar activamente en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección familiar. Si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos». De hecho, dice el juez, la hija del Rey sólo gastó de su bolsillo 3.000 euros en ocho años. «Presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera anteriormente expuesta desconociera por completo de lo que se estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle no es de recibo», explica Castro.

En colaboración con su marido

«Lucrándose» ella misma

A la vista de esos datos, el juez apunta que «doña Cristina intervino, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon, S. L. procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada de las arcas públicas de las comunidades valenciana y de las Islas Baleares».

Con la conformidad de la duquesa

«Escudo frente a Hacienda»

El juez llega a asegurar que la propia presencia de la infanta Cristina como propietaria de Aizoon no buscaba más que crear una «escudo frente a Hacienda» para que el fisco no se entrometiera en las irregularidades de la sociedad. La voluntad de los duques, apunta, es que la participación de Cristina de Borbón en la empresa no se «mantuviese oculta», logrando así la «aspirada protección fiscal». «De una ingenuidad imperdonable sería que la infanta (.) no prestara a ello su tácita conformidad», apunta la resolución.

Servicio doméstico

Contratos en «negro»

El magistrado atribuye además a la hija del Rey una intervención directa en la contratación «en negro» del servicio doméstico de la familia Urdangarin-Borbón. Según los testigos, recuerda, «en su contratación intervino personalmente doña Cristina, anunciando a los aspirantes, cuya situación irregular en España conocía aquélla, que de ser contratados se les abonarían sus salarios en 'negro'». También supo la imputada que luego, para regularizar su situación, se les hizo un contrato en Aizoon sabedora de que no iban a realizar trabajo alguno para esa firma.