El Gobierno deja sin tarjeta sanitaria a quien pase tres meses fuera sin cotizar en España

Un artículo del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 26 de diciembre de 2013 ha puesto en alerta a los emigrantes españoles. La publicación oficial incorpora en su página 209 una disposición adicional, en concreto la sexagésima quinta, al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que limita la asistencia sanitaria a aquellos españoles que permanezcan en el extranjero durante más de 90 días en un año natural y no coticen en España. Es decir, quienes están residiendo en el extranjero por motivos laborales (como muchos jóvenes o parados que han tenido que emigrar) o personales perderán el derecho a la prestación sanitaria a partir de los tres meses fuera y tendrán que comenzar el correspondiente proceso burocrático para recuperar este derecho cuando regresen a España, algo que, según el Ejecutivo, es «automático», aunque este aspecto genera serias dudas en los grupos de la oposición.

Como último recurso, los ciudadanos que pierdan la residencia podrían pasar a ser asimilados en el caso de estar casados o registrados como pareja de hecho. En el caso contrario, tendrían derecho a optar a la tarjeta sanitaria sin recursos.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, contempla la pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos, a quienes superen los 90 días de estancia en el extranjero en un año natural. «A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural», reza el texto del BOE.

En este sentido, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, donde especifica que tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en los supuestos de «haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España».

Las críticas no se han hecho esperar. En un comunicado, Juventudes Socialistas de España (JSE) ha denunciado la «actitud ruin» del Gobierno y ha calificado la medida de «discriminatoria». Ante la elevada cifra de desempleo juvenil, «el Gobierno de Rajoy ya no sólo permanece impasible, sino que ataca frontalmente a los que buscan alternativas», añade la nota. Para el Secretario General de JSE, Nino Torre, «es indignante que a los 90 días de marcharse», a estos ciudadanos «se les considere como no residentes y no tengan derecho a ser atendidos en los hospitales». Según señala, en su gran mayoría son jóvenes obligados a marcharse por las elevadas tasas de desempleo y que a su vuelta, si no tienen un contrato, deberán buscarse «un seguro privado». «Otro duro golpe más para los que más sufren las consecuencias de las inexistentes políticas en materia de empleo juvenil», señala el comunicado.

La nueva normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, fue publicada el 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad, lo que parece haber ralentizado la reacción de los afectados hasta la vuelta de las vacaciones navideñas. Una de estas afectadas ha sido Bárbara Jerez, una española que reside desde hace medio año en Bolivia y que ha criticado duramente la medida en una carta abierta al Gobierno publicada en la página kaosenlared.net.

«Querido Gobierno: Me llamo Bárbara y soy española, aunque resido en Bolivia desde hace 6 meses. Soy una más de los tantos ciudadanos que nos hemos marchado del país en busca de una oportunidad. Esa oportunidad que ustedes no nos han dado». Así comienza la carta de Jerez, quien prosigue su crítica recriminando al Ejecutivo el que «aprovechando las fiestas de Navidad (unas fechas entrañables durante las cuales pensamos en ser mejores personas)», se publicara en el BOE un cambio que «nos ha dejado sin Sanidad Pública a todos los españoles que nos hemos marchado, lo que implica que cuando vayamos a España no tendremos derecho a asistencia médica hasta que volvamos a ser residentes. Bueno, claro, siempre me quedará el sector privado y pagarme un seguro médico. Si puedo costeármelo», se lamenta la autora de la misiva.