Coto a la impunidad de civiles por delitos durante la dictadura argentina

A medida que avanzan los juicios contra militares y fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-83), va cayendo también el muro de la impunidad que protegía hasta hace poco tiempo a civiles cómplices del régimen. Jueces, fiscales, asesores de menores, empresarios, médicos, religiosos o periodistas están en la mira de la justicia, que batalla para esclarecer el pasado reciente de este país y juzgar a todos los que estuvieron involucrados, sean uniformados o civiles en plena actividad.

De acuerdo a datos recogidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -una organización no gubernamental de derechos humanos-, sobre un total de 2.335 imputados hoy por delitos cometidos durante la dictadura, 272 (el 12%) son civiles. «En los años ochenta el foco estaba puesto en la responsabilidad de las Fuerzas Armadas pues la lucha era para sostener los juicios que luego quedaron truncados», explica a Lorena Balardini, del CELS. Alude así a indultos y leyes de amnistía que interrumpieron los procesos en aquellos años.

En esta segunda etapa, que se abrió cuando se derogaron aquellas normas por anticonstitucionales, comenzó una nueva era de juicios que gana fuerza. En 2006 se realizaron sólo dos juicios orales, y este año hay ya 12 en curso, la mayoría megacausas por miles de víctimas.

El informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad constata que durante el año pasado fueron condenadas 160 personas en Argentina por crímenes de lesa humanidad. La oficina destaca que de ese total, 142 fueron sentenciadas por primera vez. Además, en los 12 casos en curso se juzga a 219 imputados, por un total de 1.924 víctimas. Según sus previsiones, durante 2014 serán juzgadas al menos otras 105 personas más por los casos de 663 víctimas.

El nuevo marco, dice Balardini, permite que esa rendición de cuentas se extienda en el tiempo, que se acumulen pruebas documentales y se ponderen los hechos y testimonios con otra mirada. «No es que antes no se mencionara la responsabilidad civil, pero ahora se puede escuchar», apunta.

Para reforzar ese proceso, hoy existen organismos específicos del Estado que trabajan en derechos humanos dentro de los ministerios y hay incluso una unidad específica en el Ministerio Público para el seguimiento de estas causas en todo el país.

Entre los casos que hoy se ventilan en la Justicia está el procesamiento del dueño del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, Carlos Blaquier, proveniente de una familia muy poderosa de su distrito. Blaquier fue encausado por su responsabilidad en 20 secuestros perpetrados en 1976.

También fueron procesados directivos de la automotriz Ford por el secuestro de 24 operarios. Estos delitos fueron cometidos con presunta complicidad de las empresas que denunciaban a gremialistas o trabajadores sindicalizados ante el aparato represor del régimen.

Otros casos emblemáticos que ahora salen a la luz son los de funcionarios del Poder Judicial, algunos todavía en el ejercicio de sus cargos. Hay un solo exjuez, Victor Brusa, que pudo ser condenado por apremios ilegales, pero hay otros 52 agentes bajo la lupa de la Justicia.

Brusa es uno de los funcionarios judiciales que, según diversos testimonios, frecuentó centros clandestinos de detención. Pero hubo otros que rechazaban 'habeas corpus' de manera sistemática, se negaban a recibir a familiares de las víctimas o legalizaban declaraciones de detenidos ilegales. «No es que secuestraban o torturaban, pero tenían responsabilidades concretas», remarca Balardini. En los juicios se aprecia que mientras hubo magistrados que sí daban curso a 'habeas corpus' e investigaban el paradero del desaparecido, otros rechazaban el recurso sin más.

De acuerdo a las denuncias registradas, hubo al menos 11.000 casos de desaparecidos durante la dictadura argentina, aunque los organismos de familiares aseguran que son alrededor de 30.000. Hubo además más de 500 casos de menores apropiados.

Los prisioneros eran secuestrados por grupos armados y detenidos de manera ilegal en verdaderos campos de concentración que operaban en dependencias militares y policiales. Allí eran torturados y la mayoría se mantienen hasta hoy desaparecidos.

En los casos de nacimientos en el cautiverio de sus padres, hubo diversos funcionarios judiciales -asesores de menores, jueces y otros- que legitimaron adopciones sin investigar la procedencia de los niños que eran efectivamente buscados por familiares.

La coordinadora del programa Memoria, Verdad y Justicia del CELS señala que durante muchos años después de la dictadura, primó la idea de «una justicia inactiva, atada de pies y manos». «Se creía que los jueces no podían actuar por presión de la dictadura», recuerda.