El PSOE pide el voto secreto en el debate parlamentario del aborto

El PSOE confía en que continúen las disensiones en el PP con respecto a la nueva ley del aborto. Con el fin de que alentar la división interna, los socialistas han pedido que la votación en el Parlamento de la norma apadrinada por el ministro Ruiz-Gallardón sea secreta para que los diputados y senadores voten en conciencia. Sin embargo, no está ni mucho menos en el ánimo del PP aceptar la libertad de voto. Lo dejó ayer muy claro el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, quien antepuso el cumplimiento del programa electoral a cualquier otra consideración. «Los diputados del PP siempre actúan con libertad de voto pero en coherencia con lo que se han comprometido en el programa electoral y los compromisos adquiridos en el debate de investidura», dijo el parlamentario.

Antes incluso de que comience el debate, el PSOE demandó la retirada del proyecto, como consta en una proposición no de ley presentada ayer.

El PSOE está persuadido de que muchos populares aprobarán con sentimientos encontrados la reforma de la ley del aborto. La portavoz del grupo socialista en la Cámara baja, Soraya Rodríguez, apeló a la conciencia de los diputados díscolos del PP para que rechacen un anteproyecto de ley que tildó de «vergonzoso». Por eso, la dirigente socialista inscribió esta «contrarreforma» en los postulados de la derecha más reaccionaria, como lo demuestra el hecho de que «solo haya recibido el aplauso del fascista Le Pen, de Rouco Varela y del supernumerario Cotino. En el PP hay mucha gente que se avergüenza».

Para redoblar las presiones y que los líderes del PP incurran en posibles contradicciones, el PSOE acentuará su ofensiva y hará que se pronuncien sobre el asunto miembros del Gobierno que ahora no han hablado. Por ello, solicitará que se reúna la Diputación Permanente del Congreso para que apruebe la comparecencia cuanto antes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También quiere que responda en sede parlamentaria el inspirador de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón, muy dolido por las críticas internas a su iniciativa.

A esta petición de comparecencias se ha sumado IU. El diputado de esta formación Gaspar Llamazares, para quien la nueva ley rezuma «misoginia» y trata a la mujer como una «menor de edad», arguye que no es cierto que la norma auspiciada por Gallardón retrotraiga a España a 1985, en alusión a la ley de supuestos despenzalizadores, sino que la remonta a más años atrás. No en balde, las restricciones a que se someten la interrupción del embarazo en caso de anomalía fetal son más «retrógradas» que lo establecido en ley de los ochenta.

Aunque de cara a la galería los populares tratan de ofrecer una imagen de tranquilidad, el PP se prepara para impedir «fisuras» en el grupo popular. Bermúdez de Castro descartó que haya una ruptura de la disciplina de voto, si bien es consciente de que la cuestión toca mucho la «sensibilidad» de los parlamentarios. Con todo, incidió en que la postura de los populares está plasmada en congresos y resoluciones del partido.

Una de las pocas mujeres que han desacatado las directrices del partido es la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que discrepa abiertamente de la doctrina del partido en lo que atañe a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ya ha habido una llamada al orden. Nuevas Generaciones ha desautorizado al número dos de la organización, Javier Dorado, quien puso en duda que el Estado tenga que coartar la libertad de la mujer a la hora de tener hijos. La rama juvenil del PP sostuvo que se trata de la opinión de un afiliado. De hecho, Nuevas Generaciones no ha emitido ninguna opinión sobre el texto.

Otros detractores de la futura norma, sin duda más poderosos, no han sufrido desautorización por parte de la dirección del partido. Es el caso de los barones Alberto Núñez Feijóo y José Antonio Monago, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes -una figura al alza en el PP- o los alcaldes de Valladolid y Zamora, a quienes ningún dirigente ha afeado su conducta.

Muchos de estos desmarques tienen un interés electoral que es difícil disimular. Monago tiene que obtener la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario en Extremadura, a la vista de la creciente cercanía entre las cúpulas del PSOE e Izquierda Unida. El electorado extremeño, claramente escorado hacia la izquierda, premias estos posicionamientos.

En este contexto, Mariano Rajoy presidirá el día 8 el comité ejecutivo nacional, en el que sobrevolará la controversia sobre el aborto.