La Cámara de Cuentas aprueba por unanimidad la Cuenta General de la Junta

La Cámara de Cuentas aprobó ayer la Cuenta General de la Junta de 2012, y lo hizo por unanimidad de todos sus consejeros. No hubo discrepancias entre los representantes de los dos partidos del Gobierno, PSOE e IU, como se llegó a temer, pero ni siquiera se abstuvieron los consejeros del PP, que era lo que venían haciendo desde 2007, sino que también respaldaron el informe.

La votación se produjo en un ambiente de inusual interés tras la decisión de la jueza Mercedes Alaya de reclamar que la Inspección General del Estado investigue a la Cámara de Cuentas, por no haber advertido irregularidad en las cuentas de los años sometidos a sospecha dentro de la trama de los ERE fraudulentos y, en concreto, por el uso de las transferencias de financiación y la partida 31L, un sistema que la magistrada considera ilícito y por el que parece decidida a pedir la imputación de los expresidentes Chaves y Griñán y cinco exconsejeros.

Sin embargo, ayer todos los consejeros del organismo de fiscalización, presidido por Antonio López, dieron su respaldo a la Cuenta General, Contratación Pública y Fondo de Compensación Territorial que, precisa el ente en un comunicado, «no es un informe de auditoría al uso ya que sus objetivos son el examen y comprobación de la Cuenta General y se pronuncia acerca de si se ha rendido en el plazo que establece la Ley de la Cámara de Cuentas , la adecuación de su estructura y contenido a la normativa que la regula, su coherencia interna respecto a las cuentas y estados que la integran y si su elaboración es conforme con la legalidad que le resulta aplicable».

Con todo, el informe, en el que se analizan más de 35.000 millones de euros, puede sufrir modificaciones hasta llegar a ser definitivo como todos los que realiza la institución. A partir de este momento la Junta de Andalucía cuenta con un período de un mes para realizar las alegaciones que estime oportunas y, posteriormente, el ente deberá remitir el informe definitivo al Parlamento antes del 1 de marzo de 2014.