Las empresas critican que es un «paso atrás en la liberalización»

La patronal eléctrica, Unesa, reaccionó a la decisión del Ejecutivo acusándole de fijar un «precio político» y dar «un paso atrás en la liberalización del mercado eléctrico». A juicio de esta asociación, que agrupa a las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, E.ON, Gas Natural Fenosa y Edp), esto «evidencia el fracaso de la reforma». En un escalón más del enfrentamiento que viven las eléctricas y el Gobierno, Unesa asegura que Industria ha fijado un «precio artificial que va en contra de las normativas europeas, lo que entraña, de hecho, un riesgo importante para la liberalización».

La decisión se ha tomado, dice en un comunicado, «de manera precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas».

Unesa recuerda que se siguen cargando «costes políticos» en el recibo que paga el consumidor y destaca que menos de la mitad de la factura es energía consumida o costes de transporte y distribución. El resto son cargas fiscales y subvenciones sociales y políticas medioambientales «que no deberían esconderse en el recibo».

La patronal que preside Eduardo Montes insiste en que es «urgente» que la CNMC dé a conocer el informe sobre las causas que motivaron la anulación de la subasta Cesur -la Comisión tiene hasta de plazo hasta el próximo viernes- y denuncia el «creciente caos y fuerte inseguridad jurídica que tanto está dañando al sector».

Desde 2008 el precio de la energía eléctrica que pagan los españoles en su consumo doméstico se ha incrementado un 60 %, según Eurostat. La tarifa eléctrica para uso industrial se ha encarecido el 27% desde 2008, el quinto incremento más alto en la UE. El sector arrastra desde principios de la década un déficit de tarifa que supera los 26.000 millones de euros. Ese dinero ha sido titulizado a 15 años, de manera que las eléctricas han recuperado las cantidades adelantadas y los consumidores pagarán el principal y los intereses a través del recibo de la luz.