El PSOE alerta de una posible sanción por el sellado del vertedero
El Ayuntamiento entregó a la Delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta un proyecto alternativo para reducir los costes casi un 40%
CHICLANA. Actualizado: GuardarEl portavoz del grupo municipal socialista puso de relevancia ayer que un nuevo proyecto de sellado del vertedero de La Victoria previsto para siete años «puede llevar consigo un expediente sancionador y una multa» para el Ayuntamiento. Así se ha posicionado el Partido Socialista al conocer que el equipo de Gobierno ha entregado a la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía un nuevo proyecto alternativo para esta tarea, pendiente ya desde hace varios años.
Román recordó que el origen del asunto fue «la decisión del señor Marín, como alcalde durante el cuatripartito, de cerrar dicho vertedero, lo que nos costó a todos los chiclaneros casi dos millones de euros». Después, «surge un expediente de sellado que, con la nueva llegada de Marín a la Alcaldía, se prolonga durante un año más» y explicó que una vez pasado ese plazo, «la Junta le manda lógicamente un requerimiento al Ayuntamiento».
En ese punto cree el portavoz socialista que se ha elaborado un nuevo programa, «difiriendo el proyecto a siete años». «Pero Marín no cae en la cuenta de que eso puede conllevar la apertura de un expediente sancionador y una multa correspondiente, que tendremos que pagar los chiclaneros», agregó.
Además José María Román criticó que su grupo lleve «más de dos años reclamando al alcalde que tiene en el cajón de Chiclana Natural un concurso de ideas con cuatro ofertas presentadas para el desarrollo de dicho complejo».
Hace unas semanas el Consistorio chiclanero presentó a la delegación territorial de la Junta de Andalucía un proyecto alternativo para el sellado del vertedero de La Victoria. De este modo, se pretende principalmente un ahorro de costes de cerca del 40%. Esto significa que supondrá un coste de unos 3,3 millones de euros.
Además, como ya se había anunciado anteriormente, se planifica mediante cuatro fases diferenciadas, con un plazo de siete años a contar desde principios de 2014. De este modo, se pretende dotar de mayores garantías a la ejecución del sellado.