La jueza impulsa la investigación con nuevas citaciones para interrogar a testigos a principios de año

Una causa judicial con 33 imputados garantiza de antemano al juzgado que la va a tramitar un gran volumen de papel por generar, mucho tiempo entre plazos y la más que probable batería de recursos que desde las distintas defensas le llegará al juez. Éste deberá responder a todos y el resultado no es otro que un largo procedimiento judicial antes de que se llegue a la fase del juicio; si ésta llega.

Este camino tortuoso no ha hecho más que iniciarse en el juzgado de Instrucción nº 4, responsable de las diligencias que han supuesto hasta la fecha la imputación de 33 personas -trabajadores de la jefatura provincial de Tráfico y personal de gestorías-. El pasado mes de julio, la jueza levantaba el secreto de sumario sobre un caso en el que había estado trabajando la Guardia Civil de forma intensa desde principios de año y que acabaría con la detención e imputación, en dos fases, de una treintena de personas.

Desde el verano que se conociera mediante providencia de la titular del nº 4 de Cádiz el levantamiento del secreto, no se había producido ninguna novedad notable que hubiera sido trasladada a las partes personadas. Sin embargo, fuentes del caso confirmaron a este medio, que la jueza quiere impulsar el asunto y a principios de año citará a más testigos.

Además de este caso, este juzgado también investiga asuntos de gran complejidad, por la materia y el número de personas imputadas, como el presunto fraude en las ayudas a la reindustrialización en el marco del Plan Bahía Competitiva que ha acaparado la disponibilidad de los recursos del órgano judicial en los últimos meses.

La mayoría de las defensas tienen preparados recursos para ordenar el archivo de las actuaciones con respecto a sus clientes. Se basan en el propio informe del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en el que se detallan las distintas averiguaciones realizadas desde enero, cuando a los agentes les llegaron las primeras informaciones sobre la existencia de una trama activa de favores en el seno de la jefatura provincial de Tráfico. Los indicios más solventes que han recabado los agentes mediante seguimientos y pinchazos telefónicos apuntan a tres trabajadores de la jefatura: un jefe de sección, un operador de informática y un ordenanza.