193.239 dependientes siguen en lista de espera para cobrar la ayuda reconocida
En 2013 solo se incorporaron al sistema 86.172 beneficiarios con prestación frente a los 131.898 de 2012
MADRID. Actualizado: GuardarCada vez se incorporan menos beneficiarios al sistema de dependencia. En 2013 el número de nuevas personas a las que se reconoció el derecho a una prestación fue de 86.172 frente a los 131.898 de 2012, lo que supone un 35% menos. Sin embargo, frente a esta ralentización en la incorporación de nuevos beneficiarios, la lista de espera de dependientes solo se redujo un 2,6% hasta situarse en el 20,4% a 30 de noviembre, según datos del Imserso. Esto significa que 193.239 personas que tienen reconocida una ayuda económica aún no la han recibido. Un número elevado pero menor a los 231.119 dependientes de 2012. Y en eso se basa el Gobierno para hacer un balance positivo de la gestión. «En los peores momentos para todos el sistema ha ganado en beneficiarios y prestaciones», aseguró ayer César Antón, director general del Imserso.
Otra prueba del estancamiento de la aplicación de la ley es el exiguo crecimiento neto de beneficiarios, es decir, las altas apenas cubren las bajas del sistema (normalmente por fallecimiento) por lo que el saldo favorable es de solo 2.693 personas, frente a las 12.964 de 2012 -un 80% menos-. Desde el Imserso relativizan este descenso y consideran normal la ralentización en las incorporaciones al sistema porque «se ha llegado casi al máximo de beneficiarios previsto en la ley».
En España hay 1.243.820 personas con derecho a prestación por dependencia, de las que 296.337 están, a día de hoy, excluidas de recibir la ayuda al tener diagnosticado un nivel de dependencia moderado y, por tanto, su incorporación al sistema se aplazó hasta 2015. Los otros 947.483 tienen reconocida la ayuda en la actualidad, pero solo la recibe un 79,60%. Por su parte, entre los beneficiarios en lista de espera el 21,87% son dependientes de grado III (los más graves), el 39,15% de grado II y el 38,98% de grado I.
Pese a la reducción de un 36,8% del limbo de la dependencia (beneficiarios que tienen reconocida una prestación pero aún no la han recibido) en comparación con 2011, desde el Imserso reconocen «preocupación» por ese 20% de dependientes aún en espera. El Tribunal de Cuentas ya advirtió que catorce comunidades autónomas incumplían el plazo máximo de seis meses para reconocer el derecho a la prestación establecido en la ley. Un problema que se agrava dada la avanzada edad de los afectados. Y es que el 53% de los dependientes tiene más de 80 años, por lo que la probabilidad de que fallezcan en el tiempo de espera para recibir una ayuda es alto.
Doce comunidades autónomas aumentaron en 2103 el número de beneficiarios con prestaciones. Madrid es la región con un incremento mayor (8.352), seguida de Cataluña (4.175) y País Vasco (3.728). Por su parte, hay cinco comunidades que redujeron el número de beneficiarios. En este sentido destaca Andalucía con un descenso de 18.864 -pese a lo cual sigue siendo la región con más dependientes atendidos-, Aragón (1.900), Castilla-La Mancha (1.535), Canarias (661) y La Rioja (575).
La ley de dependencia ha sido una de las más castigadas por los recortes en los últimos años. Sin embargo, el director general del Imserso insistió en que en el futuro «no habrá más medidas ni ajustes» en el sistema de dependencia y recordó que el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos».
Por su parte, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales acusó al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de «manipular» los datos. Mediante un comunicado explicaron que la reducción de las listas de espera tiene que ver con el cambio en el baremo de evaluación de la dependencia promovido por la ministra Ana Mato, que suprimió algunas subcategorías para simplificar el modelo y que en la práctica supuso que «30.000 personas perdieran el derecho a ser atendidos». También denunciaron que la disminución se debe a que «más de 70.000 personas dependientes con derecho a atención habrían fallecido sin siquiera recibir atención».