Ruz frente al PP, historia de un desencuentro

Pablo Ruz es un juez discreto y prudente. De pasos cortos pero firmes. Todo sus movimientos están medidos al milímetro. Estudia de forma exhaustiva los informes de los investigadores, Policía Judicial, Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, y consulta con el fiscal. En ocasiones recibe críticas por su seguidismo del Ministerio Público. Pero solo el tiempo, nueve meses ya desde que abrió la causa de la supuesta contabilidad secreta del PP, pone las cosas en su sitio. ¿Qué ha pasado en este periodo para que el partido en el Gobierno respirara tranquilo cuando Ruz asumió la causa de los 'papeles de Bárcenas', en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, y ahora reniegue de la deriva que está tomando la investigación?

«Conozco mucho al magistrado. Es un juez íntegro que aparca su ideología al ponerse la toga. Esta noche ha callado muchas bocas», comenta un abogado penalista amigo de Ruz, después de que éste decidiera mandar el pasado jueves a la Policía Judicial a la sede nacional del PP. Un paso definitivo para esclarecer la verdad tanto del supuesto pago en negro de las obras de la calle Génova 13 como de la caja B.

Algunos ven el atrevido movimiento del juez más bisoño de la Audiencia Nacional -tiene tan solo 38 años- como un punto de no retorno en la causa. Con un PP cada vez más nervioso porque la instrucción, lejos de archivarse, como se vendía desde la cúpula popular, ha cogido impulso y tiene visos de seguir marcando la agenda política el próximo año. Lo que augura un importante desgaste para el partido del Gobierno y su presidente Mariano Rajoy.

Cosas del destino, es la formación que ahora sufre el mazo de la Justicia la que en marzo pasado puso en marcha su maquinaria, como parte del 'caso Gürtel', para apoyar que fuera Ruz y no Gómez Bermúdez quien instruyese los 'papeles de Bárcenas'. La ecuación era sencilla: Ruz es un juez temporal, en comisión de servicios mientras regresa el titular de la plaza, el exvocal del Poder Judicial Miguel Carmona. Prudente, discreto y dado a lanzar la investigación de la mano del fiscal. Por su parte, Gómez Bermúdez era el presidente del tribunal del 11-M. El magistrado derrotado en la puja por seguir presidiendo la Sala de lo Penal, después de que los vocales del Consejo nombrados por el PP le retiraran su apoyo en favor de Fernando Grande-Marlaska. Por lo que el temor a su reacción era real.

Del archivo al 'registro'

Al final, la Sala de lo Penal dio el caso a Ruz y en Génova 13 respiraron tranquilos, pero solo por unos meses. Mientras el juez ponía en el punto de mira a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y en un escalón inferior a algunos empresarios donantes, no había preocupación. Tampoco cuando el instructor rechazó en abril que el PP se personara como acusación, dada su posible responsabilidad civil en los hechos investigados.

Incluso en línea con la tesis del partido de colaboración plena con el juez, la citación en julio de los secretarios generales María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos se vio normal. Más si cabe porque de sus declaraciones se extrajo que no sabían nada de los tejemanejes de los tesoreros. Puesto el cortafuegos en un hombre imputado, preso y sin credibilidad, como Bárcenas, y un anciano enfermo como Lapuerta, unido a la pasividad acusatoria del fiscal Antonio Romeral, no había por qué preocuparse en Génova 13. «En navidades esto está archivado», cacareaban fuentes del partido a la vuelta de las vacaciones veraniegas.

Pero la inadvertida declaración de Bárcenas en julio de que el 30% de las obras de la sede nacional se pagó en negro comenzó a tomar forma. Había coincidencia con sus apuntes contables y Ruz ordenó registrar en un remoto fin de semana de septiembre la sede de Unifica, la empresa que remodeló el edificio. Bingo. Había facturas y órdenes de pago que no estaban en la contabilidad oficial que el PP remitió en su día al Tribunal de Cuentas, y al juez en agosto.

Entonces, Ruz imputó al exgerente Cristóbal Páez y al arquitecto Gonzalo Urquijo. Ordenó informes a la Policía Judicial y a la Agencia Tributaria. Y aparecieron indicios de descuadres contables. El 22 de noviembre dictó un auto demoledor: «Presunta existencia en el PP de una corriente de pagos y cobros en dinero negro continua en el tiempo».

Los servicios jurídicos del partido, con Alberto Durán a la cabeza, contraatacaron el día 5 con un escrito al fiscal, no al juez, cargando duramente contra los investigadores «parciales» y las presunciones de Ruz. Asimismo, aportaron nuevas facturas y órdenes de pago de las obras para defender su legalidad. Craso error. Porque Ruz, molesto por la falta de colaboración del abogado, reaccionó enviando el jueves a los agentes a Génova 13 en busca de pruebas sobre la supuesta contabilidad secreta. Se había abierto el melón y el idilio del PP con el juez se había roto para siempre.